Luego de la aprobación del retiro AFP en el Congreso, los parlamentarios vienen presentando proyectos de ley para liberar los aportes realizados a la ONP.
En el Congreso existen tres proyectos de ley que buscan autorizar a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones para que puedan retirar de manera facultativa hasta 4 y 5 UIT (S/20.600 y S/25.750) del dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los autores de estas propuestas legislativas son los parlamentarios Américo Gonza, Katy Ugarte y Segundo Quiroz, respectivamente.
Además de estas iniciativas, existe otro proyecto de reforma constitucional que fue presentado en mayo del 2022 por el congresista Guido Bellido, el cual busca que los aportes al Sistema Privado y Nacional de Pensiones dejen de ser intangibles y se pueda acceder a la liberación de hasta el 50% de los ahorros para fines de jubilación.
Pese a que existen cuestionamientos previos a este tipo de iniciativas, el parlamentario de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza, planteó en junio del 2023 un proyecto de ley que busca autorizar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/20.600) de los fondos de los aportantes y exaportantes a las ONP, así como el aumento de la pensión de los jubilados hasta en S/1.200. De igual forma, se propone la devolución de los fondos para las personas que se pasaron al Sistema Privado de Pensiones y que no les entregaron sus aportes.
Además de esta iniciativa legislativa, existen otras dos propuestas similares cuyos autores son parlamentarios del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. La primera de ellas fue presentada por la legisladora Katy Ugarte, que pretende facultar a los aportantes a la ONP para que accedan hasta 4 UIT de la Oficina de Normalización Previsional.
La segunda de ellos es el proyecto de Ley N.º 8432/2023-CR, que autoriza a los asegurados de la ONP a retirar hasta 5 UIT (S/25.750). Su proponente es el congresista Segundo Quiroz, quien justifica su proyecto en la necesidad de "contar con recursos económicos que permitan a la población afrontar un periodo de altas presiones inflacionarias, la cual se encuentra por encima del límite superior del rango meta de 3,0 por ciento desde junio de 2021".
El artículo 2 de la propuesta de Quiroz indica que su finalidad es "resguardar la estabilidad económica de las familias con el propósito de mitigar los impactos derivados de la recesión económica en el país". Como se recuerda, el Poder Ejecutivo observó en el 2020 una autógrafa de ley aprobada en el Congreso que pretendía autorizar el retiro de aportes a la ONP.
Con la finalidad de preservar el bienestar general y garantizar la subsistencia de los aportantes frente a las contingencias económicas que atravesaron, el congresista Guido Bellido presentó en mayo del 2022 un proyecto de ley que busca modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Perú para poder retirar hasta el 50% de los fondos acumulados en el Sistema Privado de Pensiones, así como del Sistema Nacional.
“Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, a excepción de los que corresponden a los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones y a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en cuyo caso se puede devolver hasta la mitad del monto total aportado, con el propósito de que los aportantes afronten situaciones excepcionales que pongan en riesgo su salud o subsistencia”, se lee en la propuesta legislativa.
Este proyecto se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Constitución del Congreso desde el 10 de mayo de 2022, sin haber sido dictaminado hasta el momento. Lamentablemente, los antecedentes a este tipo de iniciativas no les son favorables. En el año 2020, el gobierno de Martín Vizcarra observó la autógrafa de ley enviada por el Congreso, la cual planteaba un régimen especial opcional para la restitución de los aportes a la ONP, de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que corresponde a S/4.300.
En ese año, se envió un oficio a Manuel Merino, expresidente golpista del Congreso, en el cual se indicaba que la norma era inconstitucional y que alteraba la naturaleza de la seguridad social en detrimento de los pensionistas. Asimismo, el Ejecutivo enfatizaba que era técnicamente inviable, dado que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se basa en un modelo de reparto donde no existe un fondo para acumular aportes, ya que estos se destinan al pago de pensiones.
