A pesar de los avances en la titulación de tierras, las comunidades indígenas en Perú aún enfrentan grandes desafíos y amenazas. Este webinar organizado por La República y auspiciado por DAR analizaron los logros y retos.
La Ley de Comunidades Nativas, promulgada hace 50 años, fue un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Perú. Sin embargo, a pesar de sus avances, las comunidades aún enfrentan graves desafíos relacionados con la titulación de tierras, la presencia estatal y la protección de sus territorios ante las actividades ilegales.
Este 9 de agosto, se llevó a cabo el evento digital “Tierra y Territorio: 50 años de la Ley de Comunidades Nativas”, organizado por La República y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). En este webinar, destacados especialistas y líderes indígenas reflexionaron sobre los logros, limitaciones y desafíos que aún persisten en la implementación de esta ley, que fue diseñada para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Perú.
Alberto Chirif, reconocido antropólogo dedicado al estudio de las comunidades nativas, destacó que la Ley de Comunidades Nativas de 1974 es el resultado de procesos históricos que comenzaron en la década de 1950 con la expansión de las escuelas indígenas. Aunque la ley ha sido vanguardista, sigue enfrentando desafíos, especialmente en la implementación de los mecanismos para reconocimiento y titulación de comunidades indígenas.
Uno de los puntos clave discutidos durante el evento fue la brecha significativa que aún existe en la titulación de tierras. A pesar de que la ley permitió el acceso a títulos comunales, el proceso ha sido lento, a menudo debido a un marco normativo complejo y la falta de voluntad política. Nelly Aedo, especialista en derechos de los pueblos indígenas, destacó: “El derecho a la propiedad comunal es fundamental para las comunidades indígenas, pero los procedimientos de titulación son tan complejos que pueden extenderse por 15 o 20 años, dejando a muchas comunidades desprotegidas”.
Por su parte, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subrayó que la ley, aunque crucial, no ha logrado cumplir con la promesa de una titularidad integral del territorio indígena. “La titulación se ha basado en un concepto de gestión de uso, limitando el control de los territorios por parte de las comunidades. Esto no solo amenaza la seguridad de nuestras tierras, sino también nuestra supervivencia cultural y nuestra relación con el medio ambiente”, afirmó Pérez.
Desde la perspectiva regional, Jamer López, presidente de ORAU, expresó que la titulación de tierras no solo es una cuestión de propiedad, sino una lucha por la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. La falta de reconocimiento y protección adecuada de sus territorios pone en riesgo no solo su existencia física, sino también su identidad cultural y sus medios de vida tradicionales.
López también mencionó el impacto del cambio climático, que agrava aún más la situación de las comunidades amazónicas, y señaló la necesidad de que el Estado reconozca la posición ancestral de estas comunidades en sus territorios.
El evento concluyó con un llamado a la acción. Es necesario que la institucionalidad encargada de la titulación cumpla con cerrar las brechas pendientes. Para ello, es preciso modernizar los fundamentos y espíritu de la ley. A 50 años, las amenazas que enfrentan los territorios indígenas, viene configurando una ecuación, en donde la propiedad colectiva de la tierra es una herramienta de defensa y un mecanismo para seguir existiendo como pueblos. La modernización también pasa por promover un diálogo técnico efectivo con los pueblos indígenas, para caminar hacia una nueva etapa en el reconocimiento de sus derechos, avanzar hacia el reconocimiento de los territorios integrales, estas rutas deben de ser construidas con amplia participación.
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