El presidente del Congreso ordenó que sean oficializadas las leyes que prescribe delitos de lesa humanidad y la otra que ordena que allanamientos se realicen con el investigado y su abogado.
Luego de que el Poder Ejecutivo no cuestionara la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y la ley contra el crimen organizado, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, ordenó que dichas iniciativas sean promulgadas y publicadas en el diario oficial El Peruano.
Esto luego de que el primer ministro Gustavo Adrianzén señalara en una conferencia de prensa que el Gobierno decidió "no observarla y decidir que (su promulgación) ocurra si el Congreso lo estima pertinente".
"No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por la Presidencia de la República, en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y se cumpla", se lee.
Por un lado, la ley de impunidad, que prescribe delitos de lesa humanidad, recomienda la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002.
La ley de amnistía en Perú beneficiaría principalmente a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, entre ellos figuras prominentes como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Estos individuos fueron sentenciados por crímenes graves cometidos durante periodos de conflicto y violencia política en el país. Además, la norma podría extender beneficios a otros militares condenados en contextos similares, lo que ha generado preocupación y rechazo entre las víctimas de estos crímenes y sus familias.
Las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos han advertido que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la verdad y reparación de las víctimas, ya que podría llevar al archivo de más de 500 casos relacionados con delitos de lesa humanidad.
Entre los casos aún en investigación se encuentran Madre Mía, Lurigancho, Barrios Altos, Cabitos 1983, Chuschi, Leonor La Rosa, Putis, Soras, Sobres bomba y Accomarca, entre otros. Estos casos son emblemáticos en la lucha por la justicia en el país y su archivo sería un golpe significativo para las víctimas y sus familias.
El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que busca modificar la Ley contra el Crimen Organizado, introduce cambios que podrían tener consecuencias negativas para la ciudadanía. De los 91 tipos penales actualmente contemplados, se propone excluir 59, lo que significaría que delitos como la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes dejarían de ser considerados graves.
La propuesta de Cerrón establece que los delitos con penas menores a seis años de cárcel ya no se clasifiquen como "graves". Esto implicaría que las acciones ilícitas mencionadas evitarían enfrentar un proceso judicial más riguroso, lo que podría debilitar la lucha contra estos crímenes.
Otra de las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR se refiere al proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados no relacionados con un delito flagrante. Según la iniciativa, este tipo de allanamiento solo podrá llevarse a cabo si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen, y debe realizarse en presencia del interesado y su abogado.
En caso de que el interesado no tenga abogado, se deberá asignar uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, si no es posible la presencia del abogado, el registro podría realizarse en compañía de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, con la presencia de dos testigos vecinos del lugar.
