La congresista Susel Paredes envió formalmente una solicitud al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para que inicie una investigación contra las áreas del Congreso que tramitaron y aceptaron la pensión vitalicia que Alberto Fujimori solicitó en mayo pasado por haber sido presidente en la época de los 90.
Esta petición hecha al titular del Ministerio Público se centra en haber admitido la solicitud del exdictador a pesar de que no debía de proceder debido a que cuenta con denuncias constitucionales en su contra y que la ley N. 26519, en su inciso 2, la regula.
"Por la presente, me dirijo a usted en mi calidad de congresista de la República para solicitar la iniciación de una investigación formal respecto de los actos administrativos que han culminado en la emisión de una resolución que aprueba una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori", comienza la carta.
Posterior a ello, expone a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que habría redactado N°049-2024-OLCC-OM-CR, para que luego desde el Área de Recursos Humanos, por medio de Haydi Figueroa Valdéz, acepte esta irregular petición.
"Por lo expuesto, considero de suma importancia que se aclaren los hechos y se determine si existe o no la comisión de delitos, dado que la situación mencionada podría constituir un acto lesivo al interés público", finaliza.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que propondrá la suspensión de la pensión vitalicia de 15.600 soles a favor de Alberto Fujimori, tras la aprobación de la solicitud del exmandatario por el Parlamento.
"Desde la presidencia del Congreso de la República, hemos tomado la decisión de proponer a la Mesa Directiva una propuesta para que iniciemos una etapa de consultas con relación al otorgamiento de la pensión al expresidente Fujimori", expresó.
Asimismo, indicó que la Ley 26519, que sirve de base legal para esta pensión, presenta ambigüedades y vacíos que permiten diversas interpretaciones. "Tenemos más de 10 proyectos de ley que nos pueden ayudar a ver este tema, y mientras ello sucede vamos a plantear a la Mesa Directiva que se suspenda la pensión administrativamente otorgada a Alberto Fujimori", agregó el presidente del Congreso.
Alberto Fujimori, exdictador, necesitaría 300 años de pensión vitalicia para saldar la deuda de reparación civil que mantiene con el Estado. Esta deuda asciende a más de 57 millones de soles, y la estimación se obtiene dividiendo dicho monto entre la pensión mensual que recibiría.
El Congreso declaró procedente la solicitud de pensión vitalicia hecha por Fujimori, a pesar de que esta fue impulsada y aprobada durante su mandato, lo cual contraviene la ley.
Según el abogado Benji Espinoza, Fujimori no recibiría ningún sol de su pensión vitalicia. El experto afirmó que es "perfectamente posible" que el Poder Judicial embargue sus cuentas, siempre y cuando la Procuraduría lo solicite.
"Vale el embargo. El indulto solo borra la ejecución de la pena, nada más, el indulto no exime, exonera, ni cancela la obligación del pago de la reparación civil. Por supuesto, que la Procuraduría es la legitimada para solicitar el embargo, tiene que pedírselo al juez y él decidir si acepta o no, pero es perfectamente posible", dijo para La República.
