En caso se acepte la solicitud, la Procuraduría quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil.
El lunes 19 de agosto, el Poder Judicial evaluará si ordena que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio incorpore como actor civil en la investigación preparatoria contra Pedro Pablo Kuczynski. La audiencia se realizará de manera virtual a las 8.30 a.m..
El pedido tiene como objetivo habilitar a la Procuraduría para intervenir en el proceso penal, lo que implicaría la posibilidad de solicitar compensaciones económicas al Estado en caso de que los investigados sean encontrados culpables.
Todo inició a raíz de las afirmaciones que hizo el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a la Fiscalía peruana respecto a supuestos aportes a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011, cuando postuló por Alianza para el Gran Cambio.
Este hecho ha generado una gran controversia en el ámbito político y judicial del país, ya que las declaraciones de Barata han puesto en tela de juicio la transparencia y legalidad de la financiación de la campaña electoral de Kuczynski. Las implicaciones de estas revelaciones podrían tener un impacto significativo en la reputación y la carrera política del expresidente.
Asimismo, por el mismo caso, el 11 de julio último, el juez Zúñiga dictaminó la ampliación por 24 meses del plazo de la investigación preparatoria que involucra a PPK y otros, por presuntos aportes de la constructora brasileña para su campaña presidencial del 2011.
El letrado acogió parcialmente el requerimiento realizado por el cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Esto con el fin de ordenar una prórroga del plazo de la investigación preparatoria, permitiendo así la realización de diligencias pendientes para esclarecer las responsabilidades en este caso.
En respuesta a la decisión, la defensa de Kuczynski y los representantes tanto de la fiscalía como de la Procuraduría Pública presentaron recursos de apelación contra la resolución. El 18 de julio, el juez Zúñiga concedió estos recursos y los envió a una de las salas de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para su evaluación. Esta instancia deberá organizar una audiencia virtual, con la participación de todas las partes, para resolver sobre las apelaciones presentadas.
