El actual Congreso de la República es una institución diversa en posturas y, por ende, contradictoria. Recientemente, se aprobó el pedido del exdictador para que se le otorgue una pensión vitalicia de S/15,600 por su condición de expresidente, pese a que diversos expertos en el tema advierten que es ilegal porque colisiona contra lo establecido en la ley N.º 26519, la cual regula en qué situaciones es válido conceder esta mensualidad económica.
Por otro lado, en el periodo 2021-2026 se presentaron seis proyectos —de diversas bancadas— que buscan eliminar o quitar beneficios de las pensiones vitalicias contempladas para los expresidentes. Actualmente, todas siguen pendientes y se encuentran a nivel de la Constitución y Reglamento del Congreso.
En julio del 2022 ingresaron dos proyectos de ley sobre este tema. El primero fue presentado por Alfredo Pariona de Perú Libre y propone suspender la pensión vitalicia para exmandatarios frente a casos de acusación fiscal por delito de función, organización criminal y lavado de activos una vez vencido el plazo de antejuicio constitucional.
Ese mismo mes, Edgard Reymundo (entonces Cambio Democrático-JPP) presentó otra iniciativa que proponía derogar cualquier beneficio adicional aparte de la pensión mensual y aclaraba que no gozarán de la pensión “los vicepresidentes y presidentes del Congreso que asuman las funciones temporales de presidentes de la República, como es el caso de Francisco Sagasti, Valentín Paniagua y Manuel Merino de Lama.
En marzo del 2023, Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso planteó una serie de modificaciones a la ley N.º 26519. Planteaba una reducción, que ya no se les otorgue los S/15,600 mensuales, sino solo el 75% del equivalente del sueldo de un parlamentario. Cabe resaltar que, APP hacía énfasis en este punto: “No procede pensión cuando el Congreso de la República ha inhabilitado al expresidente mediante juicio político”. Esta es precisamente una de las observaciones por las que se considera ilegal el beneficio para Alberto Fujimori.
En mayo del 2024, Perú Libre a través de Margot Palacios presentó otra iniciativa para derogar el beneficio. En el mismo sentido, en mayo del 2024, Jaime Quito propuso —en su condición de no agrupado— lo mismo, pero pidiendo que se quiten también los “beneficios conexos para expresidente constitucionales”.
El sexto proyecto llegó en junio pasado, el no agrupado Edwin Martínez propuso que se derogue la ley N.º 26519, eliminando por completo el beneficio económico y que se disponga la “transferencia de fondos al Sistema Nacional de Pensiones”.
La ley N.º 26519 es clara en este aspecto, se señala que un exmandatario tiene derecho a una pensión vitalicia otorgada por el Estado si ostenta “la calidad de expresidente constitucional de la República” y si “no se encuentra acusado constitucionalmente, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.
El 30 de noviembre del 2000 el Parlamento planteó una denuncia constitucional contra Alberto Fujimori por una serie de delitos por los que, posteriormente, fue hallado culpable. En ese momento, el proceso de antejuicio siguió su curso y, el 23 de febrero del 2001, se inhabilitó a Fujimori del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Por ende, quedó aprobada la acusación constitucional en su contra.
Alberto Fujimori se encuentra sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, lo cual le impide ser beneficiario. Ahora, su indulto humanitario no borra la responsabilidad penal establecida por sentencia, solo lo libra de cumplir la pena en prisión.Ir a Publicar
