Hace unos días, el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, informó que el Gobierno de Boluarte Zegarra iba a evaluar la cuestionada norma para emitir una respuesta.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, mantuvo reuniones con los ministros de Justicia y del Interior el día en el que venció el plazo para que el Poder Ejecutivo tuviera la oportunidad de observar la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, aprobada hace unas semanas por los integrantes del Congreso. Esta iniciativa fue cuestionada desde el inicio de su presentación por diferentes sectores sociales y juristas reconocidos.
Según el registro de visitas publicado por el portal Transparencia, se observa que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se reunió con la mandataria Boluarte Zegarra el 2 de agosto en Palacio de Gobierno. El ingreso de Arana Ysa a la casa de Pizarro fue alrededor de las 7:14 p.m. El encuentro con la jefa de Estado duró solo unos minutos, ya que el integrante del Gabinete Ministerial se retiró a las 7:39 p.m.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también acudió a la sede del Poder Ejecutivo el pasado viernes. Santiváñez tuvo una reunión con la presidenta Dina Boluarte que duró aproximadamente 2 horas. El abogado ingresó a Palacio de Gobierno alrededor de las 5:00 p.m. y se retiró a las 7:53 p.m., es decir, después de más de dos horas.
El Gobierno liderado por Dina Boluarte no observó la modificación de la norma contra la lucha del Crimen Organizado. La propuesta fue presentada por el congresista e integrante de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón. Esta iniciativa proponía que se excluyan 59 tipos penales de los 91 originalmente incluidos. Una de las características de esta nueva ley es que ahora los investigados podrán participar durante los allanamientos que realicen las autoridades.
El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, contiene diversos cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De los 91 tipos penales que hay en total, se excluye a 59. Con ello, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.
Otra de las modificaciones, es sobre el proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito. La iniciativa establece que este solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, este proceso deberá realizarse en presencia del interesado y su abogado.
En caso de que el interesado no cuente con abogado, se deberá proveer uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, el registro podría realizarse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar.
En conversaciones con los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se encuentra evaluando la mencionada norma, la cual ha sido cuestionada por diferentes sectores por su contenido y que podría favorecer a los investigados.
“Nuestros técnicos siguen trabajando en las dos normas y estamos esperando a que se terminen de definir a partir de las discusiones que se están haciendo para adoptar una posición que definitivamente tiene que ocurrir antes del plazo” , indicó ante los periodistas el titular de la PCM luego de participar en el aniversario n° 220 del Colegio de Abogados de Lima (CAL)
No obstante, según el portal web del Congreso se observa que la Ley no ha sido observada por el Ejecutivo por lo que podría generar que el ahora titular de la Mesa Directiva del Legislativo, Eduardo Salhuana, tenga la potestad de ordenar que la propuesta sea oficializada en el diario El Peruano.
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