El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue consultado sobre las acciones que realiza el Gobierno de Dina Boluarte contra la minería ilegal y sobre los cuestionamientos que recaen contra el titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, quien ha sido vinculado a esta actividad ilícita. El integrante del Gabinete Ministerial señaló que estas actividades le corresponden al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.
Manifestó que el Parlamento Nacional es una institución constituida por distintas bancadas y recalcó que su sector ha impulsado un proyecto de ley con la finalidad de reordenar y socializar la minería. Destacó que las Fuerzas Armadas vienen realizando trabajos adecuados para combatir este acto ilícito y señaló que no adelantará un comentario sobre el tema.
"La minería ilegal pertenece, más que todo, al Mininter y a las Fuerzas Armadas, quienes están tratando de dictar y creo que están haciendo un gran trabajo. No podemos adelantar nada en este momento. El Congreso es multipartidario y a nosotros nos corresponde. Hemos lanzado un proyecto de ley de reordenamiento y estamos socializando", dijo a Canal N.
Eduardo Salhuana fue elegido como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2024-2025 por sus colegas de funciones, a pesar de que antes de las elecciones para elegir a la Mesa Directiva se conoció que el congresista de la bancada de Alianza para el Progreso tendría vínculos con la minería ilegal. Instituciones como Transparencia y ComexPerú alertan sobre los posibles riesgos que tendría tener a Salhuana Cavides al mando del Legislativo.
En esa línea, las mencionadas instituciones informaron que si bien el parlamentario Eduardo Salhuana es el único representante por la región de Madre de Dios, en lo que va de su gestión como congresista de la República, ha presentado cuatro proyectos de ley que proponen modificar las acciones actuales para combatir la minería ilegal.
Asimismo, se conoció que el parlamentario de APP se desempeñó como asesor de mineros informales, por lo que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de la Amazonía, quienes exigieron que se realicen pesquisas dirigidas contra el legislador, según una investigación realizada por el medio de comunicación Latina.