Amazonas. Solo hay dos fiscales que se encargan de investigar los más de 500 casos de abuso sexual a menores. La implementación de la cámara Gesell aún no está lista.
La Fiscalía de Condorcanqui ha solicitado de manera urgente la incorporación de más personal, ya que solo dos fiscales están a cargo de investigar más de 600 casos de abuso sexual contra menores de edad cometidos por docentes y otras personas, lo que intensifica la carga procesal debido a la falta de apoyo.
Y la atención a las víctimas es todavía una limitante. Si bien se anunció que iba a estar lista la instalación de una cámara Gesell en agosto para recoger los testimonios de abuso sexual, esta aún se encuentra en proceso. El alcalde de la provincia de Condorcanqui, Hermógenes Lozano Trigoso, señaló que la construcción de la cámara tiene un avance del 80%.
Lamentablemente, desde el 2010 hasta el 25 de julio del 2024, la UGEL de la provincia ha registrado 536 denuncias de agresión sexual perpetradas solo por docentes y auxiliares.
Según fuentes de la Fiscalía de Condorcanqui, urge también la creación de una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la provincia, debido a la gran cantidad de casos de agresiones sexuales, que aumentan cada semana. Así como una unidad médico legal conformada por médicos legistas y un perito psicólogo para evaluar a las víctimas en este tipo de delitos.
Los fiscales no cuentan con los recursos necesarios, como una camioneta o chalupas (canoas), para movilizarse hasta las remotas comunidades nativas para recoger los testimonios o trasladar a las afectadas hasta la ciudad más cercana y realicen las denuncias respectivas, lo que dificulta aún más su trabajo y las investigaciones.
Uno de los problemas que tienen para dar seguimiento a los casos es que las víctimas tienen que viajar varias horas hasta la ciudad y por miedo prefieren no participar, ya que muchas de ellas viajan por primera vez a la capital. “El hecho de ir en camioneta por varias horas maltrata a las agraviadas en su salud, lo que altera su desempeño en dicha audiencias y la mayoría no desean en participar o cambian su versión”, explicó la fuente.
Además, los apus les niegan el ingreso a la comunidad. Cuando tienen detenido al presunto violador, no lo entregan a la Policía alegando que lo resolverán según sus reglamentos internos.
Incluso, muchos familiares de las víctimas piensan que la justicia no llegará para ellos, por lo que tratan un acuerdo con los agresores a cambio de S/6.000 a S/10.000 o terrenos de cacao y plátanos.
