La politóloga señala que el Perú va en camino a ser como Venezuela o Nicaragua.
La politóloga y profesora de la Universidad George Mason de Estados Unidos, Jo-Marie Burt, es alguien siempre atenta a lo que ocurre en América Latina y particularmente en el Perú. En la siguiente entrevista responde sobre distintos temas, entre ellos la ley aprobada en el Congreso -no observada por el Ejecutivo- que busca la impunidad para violadores de derechos humanos.
El Poder Ejecutivo decidió no observar la ley que declara la inaplicabilidad de la lesa humanidad en delitos cometidos antes del año 2002. Ahora el Congreso la puede promulgar. Lo sorprendente hubiese sido que el Gobierno se hubiese opuesto, ¿correcto?
Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice porque, definitivamente, el Gobierno de Dina Boluarte ha demostrado una voluntad hacia la impunidad. Por ejemplo, ha buscado no investigar los casos de asesinatos a personas civiles cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas de 2022 y 2023. Y por otro lado es también un Gobierno que ha demostrado una amplia y estrecha relación con el fujimorismo y con sectores de las Fuerzas Armadas que también están interesados en construir impunidad, no solamente para casos actuales sino del pasado. La ley propone que casos que son catalogados como crímenes de lesa humanidad no podrán ser investigados ni sancionados si es que se cometieron antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el 2022.
Porque no puede ser aplicado retroactivamente, argumentan los congresistas que han impulsado la norma.
Sí, pero es un argumento falaz por diferentes lados. Perú es signatario de otros tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana que también reconoce que el Estado peruano tiene la obligación de investigar, procesar y sancionar graves crímenes, entre ellos de lesa humanidad. Por otro lado, la interpretación del Congreso no toma en cuenta el hecho de que el Poder Judicial peruano ya tiene más de 100 sentencias en casos relacionados con el conflicto armado interno, no todas condenatorias. Muchas son absolutorias.
Es correcto.
Pero no condena a alguien por haber cometido un crimen de lesa humanidad. Condena de acuerdo con el código vigente durante el momento de los hechos. Luego el Poder Judicial determina que en el derecho internacional ciertos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. Fujimori fue condenado por homicidio calificado, secuestro agravado y daños graves, que la Corte Suprema determinó que constituyen delitos de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. De otro lado, la misma Convención sobre la Imprescriptibilidad que el Perú firmó, creo que en 2003…
Así es, después del Estatuto de Roma.
Claro, esa convención determina que no importa la fecha del hecho cometido. Si es considerado como delito de lesa humanidad tiene que ser investigado, procesado y sancionado. Por donde se mire, el argumento jurídico legal está lleno de huecos, es pobrísimo y creo que no les importa tampoco. Tienen el control, el poder. Es como un barniz de legalidad para permitir la impunidad. Sobre todo, para que Fujimori ya no enfrente nuevos juicios. A pesar de que fue indultado y es libre, tiene varios procesos judiciales y pretenden liberarlo de ellos. También se favorecería a varios militares.
Quedará en manos de los jueces si hacen caso o no a una norma que, como usted ha dicho, busca la impunidad de violadores de derechos humanos y que varios especialistas han advertido que es inconstitucional porque va en contra de los tratados internacionales que ha reseñado. ¿La comunidad internacional qué podría decir?
La comunidad internacional, sobre todo los países democráticos en donde los derechos humanos son un tema importante van a cuestionar al Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que esa ley contravenía obligaciones a nivel internacional y requería al Estado dejarla de lado, cosa que obviamente el Congreso ignoró. El Ejecutivo, teniendo la posibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, podría haber observado la ley y no firmarla.
Por lo menos como un gesto. Ahora, tampoco es que a las autoridades peruanas les preocupe mucho lo que pueda decir la comunidad internacional. A la Corte IDH no le hace caso. Un ejemplo reciente es lo del indulto a Alberto Fujimori, recientemente favorecido con una pensión vitalicia. Cuando se actúa con ese nivel de impunidad, cuando el desacato ya se tiene asumido como algo normal, ¿qué queda?
Es claro lo que está diciendo. El Estado peruano bajo el gobierno de Boluarte, en alianza con el Congreso actual, ha demostrado su falta de preocupación por el desacato a sus obligaciones internacionales porque tiene otros intereses, como cumplir con el que realmente manda: el fujimorismo. El Perú va en camino a ser como Venezuela o Nicaragua, países que también han ido desacatando al Sistema Interamericano, al sistema internacional, a sus obligaciones internacionales.
¿Lo cree así?
Lo creo. Con esta ley de lesa humanidad, sería la segunda vez en menos de un año que el Perú desacata un requerimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una clave demostración de que al Perú no le importan los derechos humanos, sus obligaciones internacionales, el acceso a la justicia de las víctimas.
¿No es contradictorio que el Perú haya postulado a Alberto Borea como magistrado de la Corte IDH?
Me pareció curioso porque como hemos dicho el Estado peruano ha demostrado su abierto desacato, incluso hay quienes quisieran sacar al Perú del Sistema Interamericano.
También me sorprendió que la Corte IDH eligiera al representante de un país cuyo Gobierno despotrica de ella.
Es que eso depende de los Estados miembros que votan. Si miras la composición de la Comisión Interamericana vas a darte cuenta de que no siempre llegan a esas instancias personas idóneas. Podría señalar a un par de personas, incluyendo el actual relator para el Perú, que la verdad no deberían ser comisionados.
¿Qué piensa de esta pensión vitalicia que ha sido otorgada Alberto Fujimori?
Es una burla y obviamente es ilegal. Lo han dicho varias personas en los medios de comunicación: un expresidente que tiene una condena no es elegible para una pensión vitalicia. El indulto -que yo mantengo que ha sido ilegal- no borra su condena. Es absurdo y es una muestra más del poder del fujimorismo.
El Poder Judicial confirmó sentencias a cuatro personas que protestaron contra el Gobierno en el estallido social de 2022 y 2023. Pero hasta ahora no hay justicia para los familiares de las 50 personas asesinadas. ¿Es una nueva señal de la criminalización de la protesta en el Perú?
Por supuesto. Utilizar el derecho penal como instrumento para criminalizar a las personas que están ejerciendo sus derechos de manifestarse es muy grave. No es el único lugar en la región de América Latina en donde vemos eso. No he estudiado en detalle el caso, no puedo opinar en profundidad, pero en general he visto que se está utilizando el derecho penal para acallar las protestas, para que las personas se sientan inhibidas de manifestarse. Lo mismo ha pasado en Guatemala. Lo he dicho la última vez que hablamos.
Le cambio un poco el tema. Tiene que ver también con esto de las contradicciones de las que hablábamos. Las autoridades peruanas reniegan del sistema interamericano, de la OEA, pero cuando se refiere a otros países su discurso cambia por completo. Me refiero concretamente al caso de Venezuela, en el que el Canciller González-Olaechea ha estado muy activo. Es una incoherencia flagrante, ¿no?
Sí, es muy curioso ver al estado peruano o a sus representantes criticar a Venezuela por cosas muy parecidas que han pasado en Perú en el último año y medio…
Pidiendo que la OEA intervenga.
Sí, tal cual. Cuando la Comisión Interamericana llegó al Perú y publicaron su informe sobre las manifestaciones y las muertes, esas mismas personas trataron a la Comisión de comunista, de terrorista, como que está entrometiéndose en algo en lo que no tiene nada que ver. Como bien dice es una contradicción preocupante porque esos mecanismos internacionales no son aplicables solamente contra quienes no te gustan. Son aplicables para todos, son universales. Entonces, lo que vale para Maduro vale para Dina Boluarte, así de simple.
No puedo dejar de preguntarle por las elecciones en su país, Estados Unidos. ¿Cree que Harris puede ganarle a Trump?
La entrada de Harris ha cambiado totalmente el escenario, pero no tiene una victoria garantizada. Lo que sí, hay un cambio total y absoluto en la energía y en el optimismo del Partido Demócrata, de sus bases, lo cual es muy importante. Como sabe, en Estados Unidos, al contrario del Perú, el voto no es obligatorio. Una cosa que dicen los politólogos que estudian Estados Unidos es que el partido que logra movilizar a la gente para salir a votar es el que termina ganando. De hecho, las encuestas hablan de una competencia reñida. Algo que a mí sí me parece aberrante es que el presidente no es electo por el voto popular…
Es un sistema indirecto.
Es elegido por el colegio electoral, que muchas veces termina siendo una cosa totalmente antidemocrática. En los últimos 25 años hemos tenido dos casos en los que, habiendo perdido el voto popular, los candidatos igual terminaron siendo presidentes. George W. Bush el 2000…
Y Trump el 2016.
Así es. Eso para mí es una aberración y debería ser cambiado, pero es difícil. Entonces, ahí también hay una duda. Harris puede generar mucho entusiasmo, pero si no logra ganar en dos o tres estados que son swing states, es decir estados en disputa donde cualquiera tiene opciones, como Pennsylvania, Michigan o Arizona, podría terminar perdiendo la elección.
