"Legalidad no es lo mismo que legitimidad. Si bien tenemos un gobierno y un Congreso legalmente elegidos, la legitimidad exige gobernar con el consentimiento de la ciudadanía y con medidas para promover el bien común".
Hace tres años, en el bicentenario de la independencia, luego de un breve período como Presidente de la República dejamos al país mejor a como lo encontramos. Cumplí con la Constitución y las leyes en todos mis actos. Ninguno de los ministros de mi gobierno tiene procesos judiciales por corrupción.
Desde entonces hemos presenciado una labor de destrucción institucional en muchos ámbitos de la vida nacional. Existe una grave desconexión entre la ciudadanía y los políticos que nos gobiernan. El Congreso y el Poder Ejecutivo tienen los niveles más bajos de aprobación de los últimos decenios.
¿Cómo estamos ahora?
Durante los últimos tres años hemos visto una represión de las protestas sociales. La presencia de algunos manifestantes violentos no justifica una reacción desproporcionada que causó la muerte de medio centenar de personas. Al calificar falsamente de terroristas a todos aquellos que ejercen su derecho constitucional a protestar y al no detener la represión indiscriminada, las máximas autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad ineludible, que no pueden descargar en las fuerzas del orden bajo su mando.
En la actualidad el 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y los ingresos de la mayoría de los peruanos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
La inseguridad y el crimen organizado se han adueñado del país. Las extorsiones, los secuestros, los robos, los asaltos y otras fechorías amenazan diariamente a la población. Quienes están a cargo de la seguridad pública han sido incapaces de detener la delincuencia y el crimen, y de capturar a los prófugos de la justicia.
La corrupción se extiende y alcanza a todos los niveles de gobierno y al Congreso. El tráfico de influencias y el uso indebido de los recursos públicos se ha generalizado.
La minería y la tala ilegal, el tráfico de tierras y de drogas han avanzado en todo el país. Las violaciones, los feminicidios, los asesinatos de líderes de comunidades nativas y la trata de personas se extienden sin control.
La salud pública se ha deteriorado. Las medicinas escasean y se especula con sus precios. Las colas de espera para atención en hospitales y centros de salud pueden ser de meses. El Congreso y el Ejecutivo pretenden que estudiantes de medicina desaprobados en los exámenes de conocimientos básicos atiendan a los enfermos, y el gobierno designa a funcionarios antivacunas en el Ministerio de Salud.
Se ha eliminado la regulación de la educación superior y desvirtuado el trabajo de la Sunedu; se pretende dar licencia permanente a las Universidades Fachada para que estafen a la juventud. Se han presentado en el Congreso decenas de proyectos para crear universidades públicas sin justificación ni presupuesto, y se sabotea la educación pública nombrando profesores sin que aprueben un examen mínimo de conocimientos.
Parlamentarios inescrupulosos aprueban leyes a favor del transporte informal e ilegal, que crea caos en las ciudades y zonas rurales y causa numerosas muertes. Quiebran la estabilidad de las finanzas públicas con iniciativas de gastos superfluos y exoneraciones tributarias clientelistas, lo que generará déficits fiscales, causará inflación y empobrecerá aún más a la población.
La política exterior del gobierno arriesga aislar a nuestro país. Su responsable critica, de manera desatinada, a países amigos que tienen una larga tradición de cooperar con el Perú. El gobierno designa como representantes ante organismos internacionales a individuos que denigran las normas sobre derechos humanos, y que pretenden desconocer los tratados internacionales que nuestro país se ha comprometido a cumplir.
Una insólita coalición de partidos con ideologías opuestas en el Congreso ha desestabilizado el equilibrio de poderes que debe existir en una democracia. Han capturado y se han repartido instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional; han desvirtuado la cuestión de confianza y han impuesto ministros a un gobierno débil sometido a los designios del Congreso.
Tenemos un gobierno insensible y desconectado con la ciudadanía, incapaz de frenar los deplorables apetitos de una mayoría de congresistas.
¿Por qué estamos en esta situación?
El denominador común de los problemas mencionados es que las organizaciones políticas que controlan el Poder Ejecutivo y el Congreso, además de ser incompetentes, gobiernan para su propio beneficio y bajo la influencia de oscuros intereses. Parafraseando al maestro Jorge Basadre, estamos viendo una alianza de los congelados, los incendiados y los podridos para hacer de nuestro país un charco. La indignante e inaceptable experiencia reciente de las elecciones en Venezuela es una señal de lo que podría intentar la alianza que controla el parlamento en la actualidad.
El Congreso ha usurpado las funciones de una Asamblea Constituyente; aprobó más de medio centenar de reformas constitucionales sin debates serios y exhaustivos. Tenemos numerosos congresistas con investigaciones penales, que recortan el sueldo a sus trabajadores, que exhiben conflictos de interés sin pudor, que limitan la colaboración eficaz para liberarse de procesos judiciales en marcha, y que apoyan proyectos de ley que avalan la impunidad de quienes han cometido delitos de lesa humanidad.
Legalidad no es lo mismo que legitimidad. Si bien tenemos un gobierno y un Congreso legalmente elegidos, la legitimidad exige gobernar con el consentimiento de la ciudadanía y con medidas para promover el bien común. Ninguna de estas condiciones se aplica a los poderes Ejecutivo y Legislativo de hoy.
¿Qué podemos hacer?
Empecemos por recordar que el Perú es más grande que sus problemas y que la coyuntura política actual. Reconozcamos que tenemos un extraordinario potencial y un futuro brillante por construir, que nuestra diversidad de recursos y de culturas, y nuestra riquísima historia nos confieren un lugar especial en el mundo de hoy y de mañana.
Debemos indignarnos con calma y frialdad por lo que están haciendo quienes nos gobiernan. Repudiar la incompetencia, la corrupción y la prepotencia de quienes controlan el Congreso y el Ejecutivo en la actualidad. Buscar salidas en el marco de la institucionalidad vigente y sin violencia. Prepararnos para las próximas elecciones.
En primer lugar, es necesario votar bien en las elecciones generales que se avecinan. Contar con información detallada y verídica sobre los antecedentes de los candidatos a cargos públicos, y en especial sobre aquellos que están actualmente en el gobierno y el Congreso y decidan postular. Debemos, además, vigilar celosamente la independencia de las autoridades en el sistema electoral para evitar lo que sucede en la hermana República de Venezuela.
En segundo lugar, debemos preparar un conjunto de proyectos de ley para revertir los despropósitos cometidos por el parlamento y avalados por el gobierno. Desde su primera sesión el nuevo Congreso que elijamos debe iniciar una labor de reconstrucción de las instituciones públicas, con el apoyo decidido de todos los poderes del Estado.
En tercer lugar, los partidos políticos inscritos con vocación de redemocratizar al país deben celebrar un acuerdo de bases para la reinstitucionalización de la democracia y presentar una plancha presidencial consensuada.
En cuarto lugar, ejercer el derecho a la protesta pacífica, de la manera que cada ciudadano considere conveniente. Marchas, cacerolazos, redes sociales y otras medidas legítimas de resistencia y protesta, sin violencia, en el marco de la Constitución.
