Este jueves 8 de agosto, el Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior, emitirá una decisión respecto al pedido del Ministerio Público de que el expresidente Alejandro Toledo cumpla prisión preventiva por 36 meses por el caso del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.
Este anuncio fue emitido por el magistrado Víctor Zúñiga Urday en la audiencia realizada el 2 de agosto. Sesión en la cual se presentaron los últimos alegatos de la defensa técnica del exjefe de Estado, quien es investigado por la Fiscalía por cometer el presunto delito de lavado de activos.
El 10 de junio, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió revocar la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, la cual fue publicada el pasado 20 de marzo, y que declaró improcedente la instalación de la audiencia de variación del mandato de comparecencia simple.
Carhuancho había indicado que no se había cumplido con el debido trámite de la ampliación de la extradición de Toledo Manrique ante Estados Unidos. En esta investigación, se encuentran comprendidos Sergio Bravo Orellana, Abraham Dan On, Marco de Moura Wanderley, entre otros acusados.
El Ministerio Público anunció que ha solicitado ante las autoridades judiciales 35 años de prisión contra el exmandatario Alejandro Toledo al acusarlo por los delitos de colusión y lavado de activos. Cabe precisar que Toledo Manrique se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.
Asimismo, la Fiscalía pidió 29 años de prisión efectiva contra Marco de Moura Wanderley, quien es representante de INTERSUR y gerente general de la empresa Camargo Correa Sucursal Perú. Para el ciudadano de nacionalidad israelí Avraham Dan On, ex hombre de confianza del exjefe de Estado y parte de su seguridad cuando ejercía funciones como titular del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público pidió 16 años de prisión.
En dicho requerimiento, también se incluyó a los exfuncionarios de Proinversión, Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco-Font Quevedo.
El 15 de julio, el expresidente de la República, Alejandro Toledo, pidió ser trasladado a una clínica local debido a que, a su consideración, dijo sentirse delicado de salud, pese a que el médico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que el exmandatario no presentaba complicaciones y que no tenía emergencia alguna.
"No estoy bien, seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con ustedes?", indicó Alejandro Toledo en la audiencia programada por el Poder Judicial.
La jueza Zaida Pérez Escalante, perteneciente al Segundo Juzgado Penal Colegiado, le indicó al expresidente de la República que su estado de salud le compete al INPE y que si esta decisión señala que el investigado no presenta mayores complicaciones, podría seguir participando en la sesión. Asimismo, le recordó al fundador del partido extinto de Perú Posible que se encuentra en medio de un enlace en vivo.
