El Congreso de la República aprobó otorgar al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción, una pensión estimada en más de S/15 000 por haber gobernado el país desde 1990 hasta el 2000.
La decisión ha generado diversos cuestionamientos, pues hasta hace menos de un año, Fujimori estaba pagando su condena, recluido en el penal de Barbadillo. Ahora, tras salir de prisión, el exdictador, además de recuperarse sorprendentemente, se prepara para su candidatura presidencial y recibir dinero del Estado.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, indicó que fue él quien le sugirió que solicitara la pensión, ya que no encontró ningún impedimento legal para que esta fuera negada.
El argumento del abogado se basa en que la denuncia constitucional contra el expresidente no está vigente, por lo que puede recibir el beneficio mensual.
"Cuando analicé la ley y logré ver que la limitación estaría condicionada a tener una acusación constitucional vigente, pues es fácil sostener que el expresidente al día de hoy no mantiene ninguna", indicó en una entrevista a RPP.
Sin embargo, las afirmaciones del abogado fujimorista no son certeras, ya que no se puede hablar de la vigencia de una acusación constitucional sobre una sentencia condenatoria.
El abogado penalista Benji Espinoza hace una aclaración sobre la ley que otorga la pensión a un expresidente, que irónicamente fue aprobada por Alberto Fujimori.
El artículo 2 de la norma establece que los expresidentes no pueden recibir el beneficio si cuentan con una acusación constitucional; en ninguna parte indica que esta deba estar vigente
"En ninguna parte la ley dice que la acusación constitucional tiene que ser del año en que se presente la solicitud de la pensión; por favor, es una insensatez. No, eso no es así. El tema claro es que la ley dice que si hay acusación constitucional, el presidente no puede tener el beneficio de una pensión vital, así de simple", señaló.
El abogado recuerda que Fujimori tiene más de una acusación constitucional y, si bien la ley dice que los derechos pueden restablecerse si es absuelto en primera instancia, esto no ocurrió con el expresidente: "Fujimori no ha sido absuelto, ha sido condenado".
En otro punto, explicó que esta contradicción del Congreso podría servir de antecedente a Pedro Castillo para volver a solicitar una pensión. Sin embargo, remarcó que ni él ni Fujimori deberían tener derecho a este beneficio.
"Yo creo que, si a Castillo se lo dan, se lo van a dar porque han cometido el error con Fujimori. Pero creo que a Castillo tampoco le corresponde", explicó.
El abogado constitucionalista y ex jefe de Gabinete de la Mesa Directiva, Alejandro Rospigliosi, cuestionó la decisión del Congreso y pidió la intervención del contralor y del fiscal de la Nación, ya que no se pueden despilfarrar los recursos públicos en una pensión a un expresidente.
"Aquí es la obligación del contralor general de la República, flamante en el cargo, y del fiscal de la Nación hacer una acción de control y, posteriormente, la denuncia a los funcionarios que han tenido la osadía de aprobar esta barbaridad (...) Pero, además, aquel funcionario que le continúe depositando en su cuenta bancaria, eso va a ser denunciado", comentó.
Asimismo, dijo que el Congreso no es "Papá Noel" y no se deberían usar los recursos públicos para entregarle una pensión a un expresidente: "Los expresidentes no merecen que se despilfarren recursos públicos en su nombre", sentenció.
Adicionalmente, cuestiona la norma por el monto asignado como pensión y se pregunta cuánto es el aporte normal que debería hacer un trabajador para poder recibir una pensión de más de S/15 000.
"¿Cuánto debería haber aportado un trabajador en su etapa joven para recibir una pensión de S/15 600? Por favor, en el Perú nadie recibe esa pensión. Eso es injusto. En otros países no les dan, no van a gastar los recursos públicos", cuestionó.
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, explica que Alberto Fujimori perdió el beneficio de recibir una pensión como expresidente, ya que rompió el orden constitucional con el autogolpe de 1992 y se convirtió en un dictador.
"La realidad nos informa que este señor fue presidente constitucional de la República, pero luego no fue víctima de un golpe de Estado, sino que él mismo propició un golpe de Estado. Entonces, la pregunta es cuál es el mensaje que le está dando el Congreso a la ciudadanía al premiar a una persona que fue un dictador", advirtió.
Sobre el argumento que utiliza la defensa de Fujimori para solicitar el beneficio, Maldonado lamentó que en el Perú los abogados se hayan acostumbrado a "hacer lo que les da la gana" sin que eso les genere consecuencias.
"Un abogado no tiene una carta blanca para hacer lo que le dé la gana. De hecho, hay un marco deontológico y un marco ético que establece que, entre otras cosas, el abogado, en su defensa, no puede desvirtuar la norma jurídica", agregó.
El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco Piedra, aclara que la pensión que fue aprobada por una oficina del Parlamento es un tema netamente administrativo y que no tiene nada que ver con decisiones políticas o jurídicas.
"Es un tema estrictamente administrativo; la Mesa Directiva no tiene nada que ver, porque hay un reglamento y una legislación sobre el tema de otorgamiento de pensiones. Lo que tiene que hacer la administración del Congreso es simplemente ver si el pedido de pensión del señor Fujimori está dentro de la ley o fuera de la ley. La Mesa Directiva no puede ni tiene por qué intervenir", resaltó.
Cevasco aclaró que la sentencia de Alberto Fujimori no se va a borrar, pero con el indulto se restablecen los derechos, por lo que descarta algún tipo de injerencia política en la decisión.
"Claro, acá no entra nada político, ni nada, nada, nada de eso. Es un tema netamente administrativo y de reconocimiento de derechos", agregó.
