La propuesta legislativa de Waldemar Cerrón pretende modificar la Ley contra el Crimen Organizado y, de esa forma, excluir 59 tipos penales, de los 91 originalmente incluidos.
El Gobierno de Dina Boluarte no observó la propuesta legislativa de Waldemar Cerrón que modifica la Ley contra el Crimen Organizado para excluir 59 tipos penales, de los 91 originalmente incluidos; y que ordena que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado y su abogado. De esta forma, la autógrafa regresará al Congreso para que sea promulgada.
El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, contiene diversos cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De los 91 tipos penales que hay en total, se excluye a 59. Con ello, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.
Lo que propone Cerrón es que los delitos que no tengan penas de cárcel mayores a seis años ya no sean considerados "graves". De esta forma, las acciones ilícitas antes mencionadas evitarían un proceso judicial más riguroso.
Otra de las modificaciones, es sobre el proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito. La iniciativa establece que este solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, este proceso deberá realizarse en presencia del interesado y su abogado.
En caso de que el interesado no cuente con abogado, se deberá proveer uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, el registro podría realizarse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar.
Un informe reciente de la Dirección General de Asuntos Criminológicos (DGAC) del Ministerio de Justicia determinó que la ley que modifica el concepto de organización criminal y exige la presencia de un abogado durante los allanamientos contraviene completamente la Constitución Política del Perú.
El documento subraya que el principio de taxatividad evita interpretaciones arbitrarias y desleales de las normas penales. En caso de que la ley sea promulgada, según el informe, se violará el artículo 2 de la Constitución.
En conversaciones con los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se encuentra evaluando la mencionada norma, la cual ha sido cuestionada por diferentes sectores por su contenido y que podría favorecer a los investigados.
“Nuestros técnicos siguen trabajando en las dos normas y estamos esperando a que se terminen de definir a partir de las discusiones que se están haciendo para adoptar una posición que definitivamente tiene que ocurrir antes del plazo” , indicó ante los periodistas el titular de la PCM luego de participar en el aniversario n° 220 del Colegio de Abogados de Lima (CAL)
No obstante, según el portal web del Congreso se observa que la Ley no ha sido observada por el Ejecutivo por lo que podría generar que el ahora titular de la Mesa Directiva del Legislativo, Eduardo Salhuana, tenga la potestad de ordenar que la propuesta sea oficializada en el diario El Peruano.
