Tenía 22 años cuando desapareció tras la puerta de la base militar de Huanta, hace 40 años. Su intención fue quejarse por el allanamiento a la casa de su madre esa madrugada. Los militares habían roto la puerta y herido a su hermano de un puntapié, ante la mirada impotente de su madre y hermana. Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, también dirigía un programa de radio y denunciaba desde esas dos tribunas las violaciones contra los derechos humanos cometidos en la zona, en pleno conflicto armado interno.
Ese día ingresó a la dependencia militar. Varios testigos lo vieron llegar a la puerta, solicitar hablar con el jefe de turno y luego de la respuesta positiva a recibirlo, acceder a las instalaciones. Se trataba de un oficial conocido como Lince. La base estaba a cargo del tristemente célebre comandante Camión, el oficial de la Marina Guillermo Artaza.
Lo esperaron inútilmente en los exteriores. Nunca lo volvieron a ver, pese a la intensa búsqueda. Los militares negaron haberlo retenido. Según reportes de la CVR, logrados a partir de testimonios, habría permanecido en una sala ilegal de torturas en el interior de la base contrasubversiva. Varios testigos relataron que incluso al ser requerido el comandante Camión por sus superiores para que señale si estaba retenido en el calabozo de la base, lo negó en varias ocasiones, a pesar de que el periodista se encontraba allí.
Otro testigo agregó que Ayala estaba “pedido” por sus denuncias que irritaban a los violadores de DDHH. Fueron en vano las gestiones ante las más altas autoridades civiles para dar con el paradero de Ayala Sulca, desaparecido un día como ayer, hace 40 años. Se negó totalmente su detención ilegal y posterior desaparición, mientras que se conocían otras acciones terribles contra la población, protagonizadas por Camión y otros como él.
Es tan vergonzoso que en momentos en que seguimos recordando a Jaime Ayala, su vida y su lucha, se proceda a aprobar esta iniciativa fujimorista para borrar nuevamente la historia mediante otra amnistía encubierta para violadores de DDHH, sobre la base de interpretaciones antojadizas de los crímenes de lesa humanidad. Un despropósito avalado por el silencio cómplice del Gobierno títere de Dina Boluarte.
