La congresista Ruth Luque presentó un oficio a la Mesa Directiva del Parlamento para solicitar que se deje sin efecto la decisión de otorgar pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori, quien recibirá S/15.600 cada mes, a pesar de que la ley impide que se le otorgue este beneficio económico debido a que cuenta con una acusación constitucional y sentencia por delitos contra los derechos humanos.
"No vamos a caer en el cuento de que esta decisión es administrativa y se resuelve administrativamente. Los funcionarios que emitieron informes ilegales fueron designados por políticos y responden a bancadas políticas", dijo la parlamentario por medio de una publicación en su cuenta de Facebook.
"Le corresponde a la Mesa Directiva controlar esta decisión en respeto de sus deberes constitucionales de hacer respetar la ley", agregó.
Asimismo, cuestionó que el Estado rechace la situación antidemocrática de Venezuela, pero en el Perú continúen los abusos de poder. "Vamos a ver hasta donde llega su discurso de doble rasero sobre sobre la dictadura en Venezuela cuando acá premian con dinero de todos los peruanos a un dictador comprobado y sentenciado", expresó.
Para sustentar su exigencia, la legisladora citó el caso de Pedro Castillo, contra quien el Congreso rechazó el requerimiento de pensión vitalicia solicitado argumentando que dicho beneficio se suspende si el Parlamento ha formulado acusación constitucional.
Así lo explica la resolución: "Estando a la denuncia constitucional contenida en la Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2022-2023-CR del 17 de febrero de 2023 aprobada por el Congreso de la República, el señor José Pedro Castillo Terrones se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la Pensión para ex Presidentes Constitucionales de la República establecida en el artículo 2º de la Ley N° 26519".
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado confirmó a La República las razones por las cuales el exdictador no puede recibir una pensión vitalicia. "Me parece que no procede. Fujimori no solo fue acusado y destituido por el Congreso (...) Fujimori está incluso en una situación muy grave, pues supera ese estándar. Además, fue condenado por graves delitos, que constituyen graves violaciones de derechos humanos", manifestó.
De la misma forma, el exprocurador José Ugaz respaldó el sustento legal que impide al líder de Cambio 90 recibir más de S/15.000 al mes. "Es un exfuncionario público legalmente indigno y, por lo tanto, no cabe que el Estado le reconozca ningún derecho que por ejercicio del cargo pudo haber tenido o tiene quien ha cumplido con su función sin defraudar al Estado", explicó.
Por su parte, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, resaltó que Fujimori no fue declarado inocente. “Él fue sentenciado por siete casos. De los cuales, tres están vinculados a corrupción y uno de estos fue el famoso pago de la CTS a Vladimiro Montesinos por 7 millones. Entonces, respecto a eso, se le impuso, en suma, un total de 27 millones de soles, dentro de los cuales, más los intereses al día de hoy, suman 57 millones, de los cuales no ha pagado ni un sol”, refirió.
