Pedro Castillo solicitará nuevamente al Congreso que se le otorgue la pensión vitalicia por su mandato presidencial, informó su abogado, Walter Ayala. Esto luego de que el Parlamento aprobó el mismo beneficio para el exdictador Alberto Fujimori, pese a que, al igual que Castillo Terrones, cuenta con una acusación constitucional en su contra.
Además, el letrado resaltó que, a diferencia de su cliente, Fujimori cuenta con una sentencia en su contra por los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta. "Es lamentable que se haya emitido dos resoluciones diferentes. El caso de Pedro Castillo no existe ninguna sentencia en su contra y en el caso de Alberto Fujimori sí existe una sentencia donde es condenado por delito de lesa humanidad", precisó.
"El fundamento que en estos momentos tiene el Congreso es que la ley vulnera la presunción de inocencia, pero entonces, por qué no se obtuvo el mismo criterio para denegar la pensión al presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en ese supuesto porque, si bien es cierto, él fue acusado, no tiene ninguna sentencia", agregó.
Por esta razón, Ayala aseguró que el Parlamento se encuentra "parcializado", por lo que en la nueva solicitud adjuntarán la jurisprudencia administrativa que viene a ser la resolución de Alberto Fujimori.
Según explicó, el Congreso es contradictorio, pues en mayo de este año negó la pensión vitalicia a Castillo argumentando que dicho beneficio se suspende si el Parlamento ha formulado acusación constitucional.
El sustento de la defensa legal de Castillo Terrones se respalda en el artículo 2 de la Ley 26519, el cual establece que este recurso no puede ser otorgado a un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente y, en ese contexto, es encontrado culpable de la comisión de un delito.
En el caso concreto de Alberto Fujimori, el 30 de noviembre del 2000 el Congreso planteó una denuncia constitucional en su contra por una serie de delitos por los que, posteriormente, fue hallado culpable. En ese momento, el proceso de antejuicio siguió su curso y, el 23 de febrero del 2001, se inhabilitó a Fujimori del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Por ende, quedó aprobada la acusación constitucional en su contra.
Después de esto, el 7 de marzo del 2009, el Poder Judicial sentenció al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por autoría intelectual de los crímenes de 15 personas, incluido un niño de 8 años, en Barrios Altos y de los ocho estudiantes y un profesor de La Cantuta.
Así, se cumplen los dos requisitos por los cuales el Congreso no debió otorgar la pensión vitalicia al exdictador.
