En declaraciones para la prensa, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, brindó detalles sobre la autorización para que Alberto Fujimori pueda cobrar una pensión vitalicia. De acuerdo con lo dicho por el parlamentario de APP, no será necesario que la Mesa Directiva del Congreso evalúe el otorgamiento de la pensión mensual de S/15.600 al exmandatario.
"Para mayo, se contaba con la opinión legal y los informes económicos necesarios. Finalmente, en junio, se tomó la decisión de autorizar el otorgamiento de la pensión, y el 10 de julio, Fujimori fue notificado de la aprobación de su petición", precisó.
Salhuana no negó que esta decisión era "controvertida", pero "el Congreso tiene que tomar una decisión". En esa línea, recalcó que la norma que establece la pensión a los expresidentes de la República no es clara.
"Porque establece en el artículo segundo (de la Ley N.º 26519) la posibilidad de suspender el otorgamiento de la pensión cuando haya una acusación constitucional, o caso contrario una absolución del expresidente imputado de algún delito", explicó.
Por lo que precisó que el legislador debió señalar, "que está prohibido se otorgue la pensión a cualquier expresidente que tenga una acusación o un proceso penal con sentencia condenatoria". Al no haber sido redactado de esta forma la ley, Salhuana alega que la mencionada ley genera "discrepancias de interpretación jurídica".
En otro momento, Salhuana se refiere al pedido de la Fiscalía de declarar ilegal el partido de Antauro Humala por motivos de vulnerar derechos fundamentales.
"Hay que cerrar el paso a ciudadanos que pretenden ser presidente de la República, pero que han cometido delitos de lesa humanidad, delitos vinculados al terrorismo, homicidio calificado", indicó.
En esa línea, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión acusado de delitos como: Homicidio calificado con alevosía y secuestro, usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, y delitos de corrupción y espionaje.
Sin embargo, como es de conocimiento, la "Ley de Amnistía", que busca prescribir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, beneficiaría principalmente a Alberto Fujimori, quien quedaría impune de varios de los crímenes mencionados.
La norma, que no fue observada por el Ejecutivo, puede ser promulgada por insistencia en el Congreso. Ante esto, Salhuana dijo a los medios: "Revisaremos y actuaremos conforme al proceso legislativo".
