A pesar de que el presidente de la PCM dijo tener en cuenta el pedido, el plazo para que Dina Boluarte pueda observar la ley venció ayer.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue invitado a una actividad por el aniversario del Colegio de Abogados de Lima (CAL) este jueves primero de agosto. Al finalizar la conferencia de prensa que brindaba el primer ministro, el decano Raúl Canelo Rabanal se tomó unos minutos para exigirle al Ejecutivo, a través de Adrianzén, observar la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, cuyo plazo vencía el mismo día.
"Señor presidente del Consejo de Ministros, tomo la palabra para invocar a la PCM que estudien la posibilidad de observar esta ley. El Colegio de Abogados se ha pronunciado, esa ley es antitécnica, y puede ser violatoria de los derechos fundamentales. Podríamos tener algunas repercusiones de orden internacional", expresó el decano del CAL.
Asimismo, le pidió a Gustavo Adrianzén que este tema se vea bajo el mismo criterio que el Gobierno está teniendo sobre la situación que actualmente está afrontando Venezuela y el discurso del canciller ante la OEA. "Si justamente estamos tomando la batuta de la democracia, y saludo las palabras del canciller González-Olaechea a favor de los ciudadanos venezolanos, en esa misma línea y consecuentemente debemos observar esa ley señor presidente. Y también la del crimen organizado", agregó Canelo Rabanal.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros agradeció las palabras del decano y dijo que las tendría en cuenta para las decisiones que el Ejecutivo tome al respecto. Sin embargo, ese mismo día en la noche, venció el plazo para que la presidenta pudiera observar la ley. Con ello, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación. En cuanto a la ley contra el crimen organizado, su plazo vence este viernes 2 de agosto y, por el momento, no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno.
En la misma conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén fue consultado respecto a si la presidenta Dina Boluarte emitiría algún pronunciamiento, respecto a la situación que actualmente está afrontando Venezuela tras el fraude electoral, tal como lo han hecho algunos mandatarios de la región.
Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros expresó: "Las comunicaciones oficiales ya se han extendido. Reitero, el pedido del Estado peruano es que se produzca el conteo de las actas y se exhiban las actas y participen los observadores en el proceso. No vemos de momento de que la señora presidenta haga un pronunciamiento personalmente. En todo caso, las comunicaciones oficiales están ahí".
Adrianzén agregó que la posición del Estado peruano coincide con la postura planteada por el canciller Javier González Olaechea, quien ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no observó la 'fujiley' que prescribe delitos de lesa humanidad. Esta acción ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ha dictado medidas provisionales al respecto.
Sin embargo, estas medidas han sido ignoradas por el Poder Ejecutivo. Ahora, una vez cumplido el plazo límite para que la autógrafa de ley sea observada, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación.
