El Tribunal Constitucional indicó que la petrolera estatal no cumplió con el mantenimiento al Oleoducto Norperuano, en el que resultaron afectadas las comunidades de la quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum) contra Petroperú por ser responsable del derrame de petróleo en las comunidades nativas de Loreto en 2014, debido a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano.
Esta sentencia del TC del 26 de julio es un precedente para otros casos de derrames de crudo en los que se iniciaron procesos judiciales, entre ellos, la demanda de amparo de la federación de mujeres indígenas kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, también en Loreto, por la protección del río Marañón.
En Amazonas, también se encuentra en curso un proceso de amparo en el que se solicita al Poder Judicial que ordene a Petroperú realizar mantenimiento del ONP. Se trata de una demanda presentada en 2023 por la comunidad de Nazareth, ubicada en Bagua.
En la demanda que presentó el Fedepcum en 2018 pidió que la petrolera estatal lleve a cabo el mantenimiento “efectivo, inmediato e integral” del Oleoducto Norperuano (ONP) y que actualice su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), con previa consulta a las comunidades nativas de la quebrada de Cuninico, distrito de Urarinas, en la región Loreto.
Por ello, en la sentencia, el TC ordena a Petroperú que, a la brevedad posible, cumpla con implementar las medidas de mantenimiento preventivo en la totalidad del ONP y el Oleoducto Ramal Norte (ORN).
“Esto significa que va a dar mantenimiento no solo donde están los demandantes, en el distrito de Urarinas, sino en todo el oleoducto, en beneficio de comunidades que no fueron directamente afectadas por el derrame”, indicó el abogado del IDL Juan Carlos Ruiz.
El Tribunal Constitucional dio cuenta que, si bien Petroperú se comprometió a seguir un cronograma de acciones para dar mantenimiento al OIeoducto Norperuano, se ha determinado que “existen mandatos cumplidos parcialmente, pendientes e incluso algunos incumplidos”.
En ese sentido, el órgano judicial indicó que Petroperú ha mostrado una “conducta omisiva” hasta hoy, lo cual viene ocasionando daños al medio ambiente y a la salud de los miembros de las comunidades afectadas.
Como consecuencia de todo ello, señala que “se mantiene latente el acaecimiento de nuevos eventos similares que suponen un grave riesgo para los derechos de varios grupos de personas”. Es decir, hay un riesgo de nuevos derrames debido a la falta de mantenimiento del ONP.
Cabe señalar que la demanda presentada el 2018 contó con el patrocinio legal del IDL, y con el apoyo del Vicariato de Iquitos y de la Mesa Regional de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Loreto.
