El 15 de agosto, el Primer Juzgado Civil de Maynas podría revertir una concesión minera otorgada por el Ingemmet, la cual perjudica a 70 comunidades nativas y medio millón de habitantes de Iquitos.
Hace cuatro años, en la cuenca del río Nanay, se extendía una ‘serpiente’ de agua cuyo cauce atravesaba una parte de la verde y tupida selva de Loreto. Imágenes satelitales evocan su antigua majestuosidad, pero hoy las incesantes actividades de la minería desarrolladas por redes criminales la han devastado.
Las acciones del Estado contra la minería ilegal no han sido suficientes y hoy amenazan los medios de vida de unas 70 comunidades que habitan a lo largo de la cuenca, y a más de medio millón de habitantes de la ciudad de Iquitos que se abastecen de este río, afluente del Amazonas.
Ya en el 2021, autoridades de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas advertían el incremento de dragas en el Nanay que podían convertir esta cuenca en la ‘nueva Pampa’, en referencia a la terrible contaminación, destrucción y muerte que hay en una extensa zona de Madre de Dios a causa de la tala y minería ilegal.
Frente a toda esta problemática, el próximo 15 de agosto, el Primer Juzgado Civil de Maynas analizará una demanda constitucional de amparo contra la resolución n.° 3995-2023 emitida por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que permite la presencia de una empresa minera en el Nanay.
De esta manera, se busca declarar la inaplicabilidad del otorgamiento de concesión minera a la empresa Raíces Gaddaffy de sustancias metálicas (tiene 1.000 hectáreas en el distrito Alto Nanay), “por vulnerar los derechos fundamentales en un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la salud y al acceso a la justicia ambiental”, señala el Comité Local del Agua, representado por los demandantes Ricardo Rivera, Alicia Piña y Edwin del Castillo.
Esta historia empezó el 4 de mayo del 2023 cuando la empresa Raíces Gaddaffy presentó una solicitud de petitorio minero al Ingemmet, el cual, el 31 de agosto, le otorgó la concesión.
Al respecto, Ricardo Moreno Valderrama, representante de Raíces Gaddaffy, señaló a OjoPúblico que, en efecto, se le otorgó la concesión minera y tiene previsto, a partir de este año, realizar extracción de oro en la comunidad de Puca Urco, distrito de Alto Nanay. No obstante, aseguró que llevará a cabo la actividad fuera del río.
El 16 de octubre del año pasado se realizó el foro: “Nanay, nuestra fuente de vida”, en el que se discutió las amenazas y riesgos en los ecosistemas y las personas. Tres días después, el Comité Local del Agua realizó una marcha en contra la minería ilegal. Cabe precisar que el río Nanay es uno de los más afectados por la actividad minera, y entre 2021 y julio del 2023 se detectaron 122 dragas, además de sustancias contaminantes flotando en el varios sectores del río que es fuente de vida.
La abogada Karina Garay Tapia, quien asumió la defensa de todos los denunciantes, dice que “con esta demanda se pretende revertir el otorgamiento de la concesión, y así prevenir la afectación de la cuenca del Nanay por la actividad minera”.
“El otorgamiento de la concesión pone en riesgo los derechos no solo de las comunidades de la cuenca sino de la población iquiteña, atentando contra su derecho al uso de los recursos naturales, al agua y disfrute de la Amazonía”. La minería ilegal fluvial ocasiona un ‘daño irreversible’ al medio ambiente.
