La gente en las calles protestando y el Gobierno de Maduro tratando de ponerse de perfil. Conjunción antinómica de fuerzas en el tiempo. Y proceso de aislamiento internacional, incluyendo a los “pares latinoamericanos”. Combinación insostenible a mediano plazo.
El país en viva tensión y más de ocho millones de venezolanos fuera del país en el mayor éxodo migratorio de la historia de América Latina. Responsabilidades varias, sí, pero esencialmente del Gobierno.
Por ello hay algo sobre lo que no cabe duda: el Gobierno de Maduro tendrá que ver cómo hace para responder a las activas demandas de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional. Y, en lo inmediato, al menos suministrar —y publicar— completa toda la información detallada sobre la votación del domingo: cuánta gente votó y dónde; los resultados por mesa (y la publicación de cada una de las actas) y los resultados por localidad y Estado.
El presidente Maduro, según los datos preliminares oficiales, obtuvo el 51,2% de los votos y siete puntos de ventaja sobre su principal rival, Edmundo González. La coalición opositora, finalmente, tuvo acceso, al 73% de las actas y señala que allí se expresaría una tendencia diferente y que le daría una “victoria aplastante” a González Urrutia.
Hasta allí se llegó y sin poder avanzar más por la falta de transparencia del proceso electoral. Que no solo sacó a las calles a miles de personas en Caracas y otras ciudades, sino que encendió algunas luces rojas en la comunidad internacional, incluyendo los países vecinos.
La comunidad internacional
Tanto la ONU y la OEA como la Unión Europea, Estados Unidos, España, el Centro Carter —autorizado por el Ejecutivo chavista como observador— o la gran mayoría de países latinoamericanos —incluidos los Gobiernos progresistas de Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) o Gabriel Boric (Chile)— plantean una misma exigencia: si Maduro quiere legitimar su reelección, debe publicar las actas y permitir que unos verificadores imparciales confirmen los resultados.
Ya antes de esta elección el Gobierno demostró, sin embargo, que no facilitaría una amplia observación internacional. No permitió, por ejemplo, que actuara y estuviera presente la misión de la Unión Europea. Bloqueó el ingreso de expresidentes latinoamericanos, como Tuto Quiroga y otros, expulsó a invitados de la oposición y rechazó la acreditación de varios periodistas.
Con la corriente “en contra”
Eso ya pasó. Pero para que el desenlace de las elecciones presidenciales anunciado por el CNE tenga un mínimo de credibilidad, el Gobierno venezolano debe permitir la revisión independiente de las actas. Al mismo tiempo, la oposición tiene la obligación de sostener y demostrar sus acusaciones. Por ejemplo, mediante la publicación de la documentación que obra en su poder.
La candidatura de González Urrutia aceptó participar en la votación, acatando unas reglas de juego adversas. La primera señal fue la inhabilitación de Machado, quien no pudo participar y tuvo que apoyar a González como “suplente”.
A ello hay que añadir un hecho de extrema gravedad: las trabas que se puso al voto desde el exterior. De los cerca de cinco millones de venezolanos en condiciones de poder ejercer su derecho al voto, sólo una ínfima porción pudo hacerlo. Sólo 69.000 personas pudieron registrarse, pues el CNE abrió un “acotado” lapso —de apenas 30 días— y exigió una serie de requisitos y papeleos burocráticos “imposibles” para un emigrante. Así no vale; pone la legitimidad de todos los resultados en cuestión.
Obligaciones internacionales
Lo exige la sociedad venezolana y toda la comunidad internacional. Pues se trata de obligaciones democráticas establecidas en la propia Constitución de Venezuela. Y estipuladas en varios instrumentos, como la Carta Democrática Interamericana. ¿Y qué de eso en la práctica?
La Carta, como se sabe, contiene herramientas operacionales y no sólo estándares sobre las condiciones democráticas. Se estipulan vías frente a situaciones “que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático… o el legítimo ejercicio del poder” (art. 18) o la “ruptura del orden democrático” (art. 19).
Cierto que el sistema no ha actuado —y con la fuerza que hubiera correspondido— ante demoliciones democráticas recientes. Como la Guatemala del “pacto corrupto” que rigió hasta diciembre del 2023. O el Perú de ahora con el impune “pacto corrupto” del Congreso/el Gobierno del 5% de Boluarte. Veamos cómo se mueven las piezas ahora.
El camino previsible
Más allá de lo que pudiera hacerse desde el multilateralismo interamericano, hay países —e importantes— que tienen voz y peso. Varios han expresado ya públicamente su rechazo al arbitrario manejo del Gobierno. Ya lo adelantaba hace unos días Phil Gunson, analista senior del International Crisis Group, sobre el papel del Brasil: “Lula tiene la mecha corta y no está dispuesto a avalar un Gobierno de facto”, asegura.
A lo anterior hay que sumar la creciente ilegitimidad interna que parece afrontar Maduro. Colofón: es lo que pasó en el Perú con la autocracia de Fujimori en el 2000. Se empezó a deshacer desde dentro con la fuga de su asesor/cómplice Vladimiro Montesinos, acelerado todo ello por el grosero fraude electoral y remecido el país, luego, por masivas protestas sociales.
¿Negociación?
¿Negociación Maduro/oposición? Por ese camino, en teoría, se debería avanzar si se quiere prevenir una mayor polarización y la violencia.
La experiencia ha demostrado que sin diálogo no hay transición. La hubo para terminar con la “infinitud” de Banzer en Bolivia. O frente a Fujimori el 2000 en el Perú con la crucial “Mesa de Diálogo de la OEA”. Con un Maduro, debilitado y ante una oposición esta vez cohesionada, hay variadas señales de salud.
La oposición hoy actuante es distinta de la de los años previos. La radical María Corina Machado de antes, opuesta a toda negociación, no es la versión madurada y de mayor solidez de hoy. Leopoldo López, con sus extraordinarias condiciones de liderazgo, podría ser un actor crucial. Conjunción Machado/Leopoldo López: paso indispensable para un sólido liderazgo nacional y la transición.
Y en el Gobierno, ¿habrá un sector dispuesto a negociar? Un país en las calles y puesto de pie es un asunto que llegó para quedarse. Y pesa el entorno internacional con el que el Gobierno tiene comunicación (Lula, Boric, Petro). Pero que no le ha dado —ni dará— a Maduro un cheque en blanco.
Finalmente, algo de peso: siguen las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Instalada en Caracas y respirándoles en el cuello. Un “incentivo” más que suficientes.
