Dina Boluarte se apresta a dar un nuevo paso en el camino de la impunidad. Este jueves vence el plazo para que observe la autógrafa de ley fujimorista que favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa y, según fuentes del Ejecutivo, la mandataria optará nuevamente por actuar en complicidad con el Parlamento y no formulará ninguna observación.
El jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrianzén fue consultado hoy y apenas dijo que el tema continúa en evaluación.
La citada autógrafa de ley fue remitida a Palacio el 8 de julio, luego de que el texto fuera ratificado únicamente por los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, con apenas 15 votos a favor, a pesar de la trascendencia y las implicancias en el sistema de justicia y los derechos humanos.
La norma establece la prescripción de los delitos cometidos con anterioridad a julio del 2002, fecha en que entra en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002”, establece el artículo 5 de la norma que fue promovida por el partido de Keiko Fujimori.
El proyecto que dio origen a esta norma fue presentado por el neofujimorista Fernando Rospigliosi, junto con José Cueto, miembro de Renovación Popular, una de las bancadas satélite de Fuerza Popular.
En la sesión última del 4 de julio de la Comisión Permanente, votaron a favor del texto los fujimoristas Martha Moyano, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y el procesado por las esterilizaciones forzadas Alejandro Aguinaga.
También respaldaron la norma legisladores afines al fujimorismo como Patricia Chirinos, Eduardo Salhuana, María Acuña, José Luna, Wilson Soto, Diego Bazán, Montoya y Cueto.
El texto fue enviado a Palacio y la información que se tiene hasta el momento es que el régimen de Dina Boluarte no presentará observaciones.
En el Ministerio de Justicia solo se cuenta con una opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que considera que la norma es “viable con observaciones”.
Fuentes de este sector informaron que el ministro de turno Eduardo Arana evitó solicitar un informe al área que mayor especialización tiene sobre la materia, como es la Dirección General de Derechos Humanos.
La decisión del Ejecutivo de no observar la norma cobra especial relevancia ante la comunidad internacional, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado medidas provisionales sobre esta futura ley.
Concretamente, esta instancia requirió a los tres poderes del Estado peruano a tomar las acciones necesarias para que “no se otorgue vigencia al proyecto de ley 6951 (el proyecto de Rospigliosi”.
Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que el régimen de Dina Boluarte estaría incurriendo en un nuevo desacato. “En realidad, sería una situación sumamente grave”, advierte.
Rivera adelanta que con esta norma, los abogados de los sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad “podrán solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso”.
Anticipa también que la defensa de las víctimas dará pelea en el Poder Judicial y consideró importante que los jueces ejerzan control de convencionalidad para no aplicar la ley fujimorista, por ir en contra del sistema interamericano de los derechos humanos.
