En la última semana, quince personas que participaron en movilizaciones de protesta fueron condenadas por ejercer su legítimo derecho a manifestarse.
El 25 de julio, tras casi 9 años de proceso judicial, once dirigentes de las comunidades de Cotabambas y Grau fueron sentenciados entre 8 y 9 años de prisión, porque participaron en una marcha contra la minera Las Bambas. Cuatro fueron absueltos, a pesar de que tenían la misma imputación.
En lectura de adelanto de sentencia, el Juzgado Unipersonal de Cotabambas, en Apurímac, condenó a los dirigentes como autores mediatos de la comisión de delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos durante las protestas del año 2015 contra dicha empresa minera.
El abogado David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que ejerce la defensa de los dirigentes, calificó el fallo de contradictorio y arbitrario porque en el proceso judicial no se probó los requisitos básicos que debe cumplir la autoría mediata: existencia de un aparato organizado de poder, líderes que den directivas y personas que las acaten sin analizarlas, y responsabilidad directa.
“Nada de eso se ha probado en el juicio. En la lectura de adelanto de sentencia el juez señaló un único argumento, contradictorio en sí mismo. Dijo que se ha probado de manera indirecta la responsabilidad de los dirigentes condenados; cuando debió explicar si se había probado la responsabilidad como autores mediatos de los delitos imputados. El juzgado no lo explicó porque no hay forma de sustentar la existencia de una autoría mediata. Además, es una decisión contradictoria porque absuelve a 4 de los dirigentes, aun cuando todos tienen la misma acusación fiscal”, señaló.
Refirió que la Fiscalía y la Procuraduría intentaron cambiar la imputación al ver que no se iba a probar la autoría mediata, y solicitaron al juez que sea coautoría no ejecutiva. Ante la oposición de la defensa, se resolvió improcedente.
“Estamos sorprendidos por esta sentencia arbitraria y seguramente también la Fiscalía y la Procuraduría, aunque gratamente, ya que ellos estaban convencidos de que no iba a haber condena y ahora resulta que han sentenciado a 11”, mencionó.
“En esencia es la criminalización de la protesta social. Es la instrumentalización del derecho penal para evitar que las personas asuman la defensa de sus derechos. Es preocupante, porque van a utilizar el derecho penal contra los que se manifiesten públicamente ante decisiones arbitrarias del gobierno central, local, o ante las empresas que violentan los derechos al territorio, al medioambiente y otros”, agregó el abogado.
En tanto, los pobladores de la provincia de Cotabambas han anunciado que realizarán una movilización este primero de agosto en rechazo a la actuación del juzgado al considerar que su decisión es injusta y arbitraria. La concentración será a las 10:00 de la mañana en el distrito de Challhuahuacho.
Caso en Cusco
Más personas están siendo criminalizadas por defender sus derechos mediante la protesta. En Cusco, cuatro jóvenes de la comunidad campesina de Cuyo Grande han sido sentenciados por delito de disturbios con penas de seis y siete años. Ellos intervinieron en las protestas de enero del año 2023 por la violenta represión a manifestantes en el gobierno de Dina Boluarte. Se trata de Ferdinand Huaccanqui, Redy Huamán, Joel Hivallanca y Richard Camala.
