Por: Alberto Barandiarán Gómez, CEO ABCA LATAM SAC.
Poco hemos avanzado en la gestión territorial en nuestro país. Pese a contar con una Política de Estado desde el Acuerdo Nacional (Política de Estado 34 sobre Ordenamiento y Gestión Territorial), diferentes intereses particulares, tan presentes en los últimos años a través de varias opciones políticas, han logrado frenar la implementación de esta herramienta, de vital importancia para mejorar la toma de decisiones claves para nuestro anhelado desarrollo sostenible. En este contexto nacional, estas líneas solo buscan insistir en la necesidad de retomar este trascendental proceso.
El artículo 43 de la Constitución Política del Perú, tan traída a menos en estos tiempos, contiene dos conceptos esenciales para retomar, de manera constructiva, este proceso de gestión territorial: a) Estado único e indivisible y b) Gobierno unitario y descentralizado.
La atomización del territorio peruano en cientos de jurisdicciones -cuya creación no responde a criterios técnicos basados en el conocimiento de sus características naturales- así como la débil presencia del gobierno nacional en el territorio, ha facilitado la creación de regionalismos departamentales, provinciales y hasta distritales, que promueven “excluyentes sentidos de pertenencia” respecto del patrimonio natural y cultural de la Nación, haciendo aún más complejo alcanzar una visión país, y con ello, su desarrollo.
Asimismo, tenemos el fracaso de nuestro proceso de descentralización, cuyo resultado responde en gran medida al limitado entendimiento de estos procesos regionalistas arriba señalados. En efecto, las cosas se hicieron al revés. Ante la existencia de jurisdicciones departamentales, este proceso debió iniciarse con la construcción de macrorregiones bajo criterios técnicos, tarea de por sí ya titánica. No obstante, se priorizó la creación de “regiones” superpuestas a las jurisdicciones departamentales ya existentes, reforzándose así estos “excluyentes sentidos de pertenencia” desde nuevos liderazgos regionales (presidentes /gobernadores), quienes oponiéndose a la creación de las macrorregiones -por razones de poder político, de distribución de canon y socioculturales, entre otros- terminaron de paralizar todo proceso para una mejor organización territorial en el país.
Independientemente de ello, existen otros factores que complejizan aún más el desarrollo de nuestro proceso de gestión territorial: i) la falta de información sobre el territorio y sus componentes; ii) las dinámicas sociales, económicas, políticas y ambientales que modifican constantemente el territorio y dificultan su entendimiento; iii) la ausencia de una cultura de planificación en los tres niveles de gobierno, de corto, mediano y largo plazo; iv) La escasez de recursos y la débil supervisión en la calidad del gasto para estos procesos; v) el limitado entendimiento del potencial de la herramienta; vi) la ausencia de un diálogo constructivo para un mejor aprovechamiento de estos procesos; vii) el constante debate sobre roles y funciones de las autoridades que participan de estos procesos; y viii) la falta de una mirada sistémica con otras herramientas de desarrollo.
Todos estos son aspectos en los que debemos trabajar para fortalecer una gestión territorial que facilite nuestro proceso de desarrollo. No podemos darnos el lujo de abandonar esta estratégica herramienta, por celos institucionales e infundados temores de incrementar la conflictividad social, cuando, por el contrario, un sólido proceso de gestión territorial ayuda precisamente a reducir el alto nivel de conflictividad ya existente, al facilitar espacios de diálogo constructivos, para potenciar los beneficios de aprovechar de manera sostenible nuestros recursos.
Negar la existencia de esta herramienta, no solucionará los problemas ni desaparecerá las dificultades existentes en el país, sino todo lo contrario. La experiencia ya ganada puede ser un buen punto de partida.
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