Este miércoles 31 de julio, se dio a conocer que el Poder Ejecutivo presentó formalmente ante el Congreso de la República el proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo n°1266 el cual propone cambiar el nombre del Ministerio del Interior por Seguridad Pública. En esa línea, tal como lo había anunciado la mandataria Dina Boluarte en su segundo mensaje a la nación el 28 de julio.
Según el portal web del Parlamento Nacional, se dio cuenta de que el Gobierno de Boluarte Zegarra envío a mesa de partes del mencionado poder del Estado para que se derive a una comisión la cual se encargará de invitar a representantes del Ejecutivo y especialistas para que los legisladores decidan cuál será el destino final del proyecto de ley anunciado hace unos días.
Además, en un documento enviado en conjunto por la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, solicitan a Eduardo Salhuana que la referida iniciativa sea tramitada con "carácter de urgencia", según el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.
"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú", se lee en el documento.
"La propuesta normativa tiene como finalidad mejorar y robustecer la organización institucional para optimizar el funcionamiento del Ministerio, en ejercicio de la competencia exclusiva de orden interno y orden público y competencia compartida en seguridad ciudadana. En esa línea, se evidencian los servicios públicos que brinda la institución, de la mano de sus adscritos, enfocadas en generar un impacto positivo en la población, considerando entre ellos las prestaciones sociales y los servicios policiales en el ámbito de orden interno y orden público; el movimiento migratorio de personas, el control de bienes de alto riesgo para la seguridad (tales como armas de fuego, explosivos y pirotécnicos); así como los servicios públicos relacionados al control y extinción de incendios; así corno la regulación de los servicios de seguridad privada", se indica.
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