El gabinete ministerial de la presidente Dina Boluarte evidencia, en su conformación, que el Gobierno prioriza sobrevivir hasta el 2026 apoyado en sus aliados del Congreso. Varios de ellos tienen vínculos con los grupos de la coalición que controla el Parlamento y otros pocos mantienen lazos con el entorno de la misma jefa de Estado. En esta nota, se explica cómo está conformado.
Para empezar, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha integrado un estudio de abogados que se fusionó con el que tenía el actual titular del Interior, Juan José Santiváñez, en el que formaba parte el abogado Luis Vivanco, que ahora representa a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, en el caso “Waykis en la Sombra”, según revelo Latina.
El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzales Olaechea era un politólogo que aparecía en medios de comunicación como un analista favorable a Keiko Fujimori en las elecciones del 2021 y su designación en la cancillería fue saludada por Fuerza Popular.
En los noventa, Gonzales Olaechea integró el Movimiento Libertad, de Mario Vargas Llosa, y luego el Foro Democrático, de Alberto Borea, fue vocero de Javier Pérez de Cuéllar y candidateó al Congreso por su partido político, Unión por el Perú (UPP), según declara el mismo. Actualmente, destaca por sus posiciones más conservadoras que liberales.
Boluarte y Gonzales Olaechea han nombrado a José Luis Sardón como representante del Perú ante la OEA y a Luis Iberico como embajador en España. El primero es afín al fujimorismo y tiene un hermano involucrado en un caso judicial de Keiko Fujimori. El segundo asesora a César Acuña y fue congresista de Alianza para el Progreso (APP).
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respaldó públicamente y con peculiar beligerancia la candidatura de Keiko Fujimori el 2016, y afirmaba integrar su equipo técnico.
Santiváñez complica su situación al revelarse chats en que busca información sobre Nicanor Boluarte para obtener el cargo y menciona que “Fuerza Popular pidió 4 ministerios y Acuña 2”, según difundió el programa Punto Final, de Latina, el último domingo. El Ministerio del Interior niega veracidad de esos registros, que han llegado ya a la Fiscalía.
Mientras que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, integró el equipo técnico de Keiko Fujimori el 2021. Se sumó en la segunda vuelta alegando la manida “lucha contra el comunismo”.
El titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, fue candidato de APP para ser regidor del distrito limeño de San Isidro en las elecciones municipales del 2018, y en el actual Parlamento fue asesor de la congresista Gladys Echaíz, quien postuló y fue elegida el 2021 en la lista de APP (al año siguiente renunció “por razones de conciencia”). También asesoró al Poder Judicial cuando lo presidía el entonces juez supremo Javier Villa Stein.
Asimismo, el ministro de Salud, César Vásquez, es un importante militante de APP: fue gerente general y representante legal de este partido hasta inicios del 2021. Antes fue congresista elegido con esta agrupación del 2016 al 2019, cuando terminó disuelto aquel Parlamento.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, tuvo a Nicanor Boluarte como viceministro de Promoción del Empleo cuando dirigió esta misma cartera en el gobierno de Ollanta Humala. De esa gestión, viene también su cercanía con Adrianzén.
Adicionalmente, también tiene lazos con Acuña: fue abogado del líder de APP en un caso que tuvo que enfrentar. Además, en su ministerio ahora labora Jessica Tumi, quien ha sido coordinadora política regional de Lima de APP y asesora de la congresista Lady Camones (del grupo político de Acuña), cuando era vicepresidenta del Parlamento. Tumi es directora del programa Llamkasun Perú, del Ministerio de Trabajo.
Además, Maurate enfrenta demandas de sindicatos laborales sobre el sueldo mínimo. “Las reuniones para subir el sueldo mínimo inician a partir de la segunda semana de agosto”, adujo también el domingo luego del mensaje presidencial de 28 de julio, tras un año de promesa pendiente.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, es militante de Avanza País, otro grupo de influencia en el Parlamento y aliado del fujimorismo, APP y Perú Libre en la conformación de la Mesa Directiva. Además, laboró en la firma trasnacional Telefónica.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, fue militante de Somos Perú del 2004 hasta este año. Este grupo político ha apoyado con sus votos la elección de las mesas directivas que controlan APP y el llamado fujicerronrismo.
El titular de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, tiene la confianza de la propia Boluarte por haber sido su viceministro cuando ella encabezaba esta cartera, durante el gobierno de Pedro Castillo. En el pasado, integró el movimiento regional Chimpum Callao, que lideraron Alex Kouri, Félix Moreno y Juan Sotomayor, en la ciudad portuaria.
Enfoque de Antonio Zúñiga, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
Por las razones de la alianza que existe entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pareciera que el país tendría una democracia más saludable si existiera más conflicto en lugar de este tipo de consensos. El conflicto brindaría una imagen de cierto contrapeso entre ambos poderes.
Lo cierto es que la durabilidad de esta coalición no mejora la calidad de la gobernabilidad, y tampoco es que se trate de una alianza extremadamente sólida, aunque es muy probable que lleguen al 2026.
Por otro lado, se podría generar un efecto ambivalente sobre los partidos en el Congreso que participan de manera más activa en esta alianza con el Ejecutivo. Si bien, por una parte, les es favorable para sus intereses de muy corto plazo, más adelante ello les puede jugar en contra para las elecciones del 2026. No les será fácil deslindarse de la gestión de Boluarte, que es muy impopular.
