La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se pronunció luego de que el Ministerio Público presentara una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de Estado por los presuntos delitos contra la vida y la salud en el contexto de violaciones de derechos humanos registradas en las protestas sociales antigubernamentales a finales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.
En ese sentido, la mencionada organización social ratificó su compromiso de apoyar a los deudos de las víctimas de las movilizaciones sociales, quienes perdieron la vida a causa de la represión policial. Estos hechos fueron registrados por diferentes sectores sociales e instituciones internacionales, colocando al Gobierno de Dina Boluarte en una situación delicada desde el inicio de su gestión.
"La Fiscalía presentó una denuncia contra Dina Boluarte por delitos contra la vida y la salud en el contexto de violaciones a los derechos humanos. En APRODEH, seguimos firmes en apoyar a las víctimas y buscar justicia. ¡La verdad y la justicia prevalecerán!", se lee en la publicación emitida por Aprodeh en las redes sociales al conocer la acusación presentada por el Ministerio Público.
La Fiscalía de la Nación decidió archivar las investigaciones contra Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, señalando la falta de méritos para formular una denuncia constitucional en este caso. Además, el Ministerio Público ha extendido esta resolución a Pedro Angulo, extitular de la PCM, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta, exministros de Defensa, y César Cervantes y Víctor Rojas, exministros del Interior.
"De conformidad con lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas... se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Dina Boluarte... archivar definitivamente los antecedentes... en la modalidad de genocidio", se observa en el documento de la Fiscalía.
Aunque la denuncia por genocidio ha sido desestimada, continúan las investigaciones contra los mismos imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
El Congreso, a mediados de julio, decidió rechazar el trámite de la denuncia constitucional 425 contra Dina Boluarte y otros investigados por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la declaró improcedente; sin embargo, la Comisión Permanente aún debe ratificar esta decisión en las próximas semanas.
Con 14 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia y Renovación Popular, se dio el primer paso para proteger a Boluarte de ser investigada por violaciones de derechos humanos.
Esta denuncia constitucional fue formulada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, había presentado un informe de calificación que declaraba su procedencia.
