*Candice Welsch es representante regional UNODC Región Andina y Cono Sur
Cada día, en todo el mundo, cientos de personas son víctimas de la trata de personas; una de cada tres víctimas es menor de edad. Todas enfrentan distintas formas de explotación, incluyendo la explotación de actividades criminales, la explotación sexual, los trabajos forzados y la mendicidad.
La pobreza, la discriminación, las brechas de género, la migración irregular, los desplazamientos forzados y los conflictos han agravado las condiciones de vida de personas en todo el mundo y en nuestra región, lo que es aprovechado por delincuentes, sacando provecho económico o cualquier beneficio material en detrimento de la dignidad de las personas y al final amenazan al Estado de derecho.
Las víctimas de este delito son sometidas a diversas formas y niveles de violencia, incluyendo la física. De acuerdo con el último Reporte Global sobre Trata de Personas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir violencia; las niñas y los niños tienen 1,7 veces más que los adultos.
Además, en la búsqueda para restablecer sus derechos, muchas víctimas, al ser rescatadas, liberadas o lograr escapar de sus tratantes, se deben enfrentar con frecuencia al estigma social y a las barreras que encuentran dentro de los sistemas de justicia y los servicios de asistencia y protección.
El acceso a la justicia constituye un derecho autónomo, un medio para hacer efectivos otros derechos, respondiendo a las necesidades de las víctimas y atendiendo al género y la edad, más cuando en nuestra región solamente el 5% de las investigaciones por este delito llegan a una condena efectiva contra los tratantes.
El Perú ha realizado considerables avances en la lucha contra este crimen. Con el apoyo técnico de UNODC y otras agencias del sistema de Naciones Unidas, el país ha desarrollado herramientas que permiten la identificación y derivación de posibles víctimas de trata de personas, así como el fortalecimiento de capacidades en investigación y persecución con operadores de justicia y fuerzas del orden.
Del lado regional, en el marco del Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización de Delitos de Trata, se creó, con asistencia técnica de UNODC, el Equipo de Respuesta Inmediata Binacional (ERI), coordinado por los Ministerios del Interior de ambos países.
Esta sinergia ha permitido dar respuesta a las necesidades inmediatas que se presentan en materia de atención y protección, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria, y con un enfoque centrado en las víctimas.
Del lado nacional, el 17 de septiembre de 2023, se publicó el Decreto Supremo n.º 007-2023-IN que aprueba el ‘Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas’.
Este tiene por objetivo estandarizar los procesos y procedimientos de 14 sectores con competencia en la materia y en concordancia con la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030.
A esto se suma los esfuerzos conjuntos adelantados con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, y que resultaron en dos instrumentos: el ‘Mecanismo de coordinación para la identificación y referenciación de casos de trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral’ y la ‘Guía operativa para la investigación del delito de trata de personas’, además del ‘Manual de procedimientos para personal de Serenazgo: identificación y referenciación de casos de trata de personas’.
Estos mecanismos buscan fortalecer las acciones de identificación oportuna de víctimas, así como el fortalecimiento de la investigación y persecución penal a fin de reducir la impunidad y lograr la reintegración de las víctimas, desde un enfoque basado en los derechos humanos, además de las necesidades y el impacto generado a cada víctima.
Este año, el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, centra sus esfuerzos en no dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha frente a este delito, lo que nos presenta una oportunidad crucial para reiterar la importancia de contemplar respuestas eficaces, acompañadas de medidas que continúen fortaleciendo los procesos de protección y asistencia y que permitan adaptar los sistemas de justicia a las necesidades de niñas y niños.
Aún queda mucho por construir, pero también es necesario reconocer los esfuerzos y el progreso del Perú; la continuación de un esfuerzo constante, conjunto y coordinado entre todas las personas nos permitirá construir sociedades seguras, fortalecer las instituciones y la justicia, y poner fin a la trata de personas.
