Alianza Para el Progreso nombró a sus voceros para el periodo legislativo 2024-2025. Como portavoz titular fue designado Alejandro Soto Reyes, ex presidente del Congreso. Los voceros alternos son Jorge Marticorena, quien hace poco renunció a Perú Bicentenario para sumarse a las filas de APP, y Nelcy Heidinger.
Alejandro Soto asume el lugar que deja Eduardo Salhuana, quien antes fue vocero de la bancada y ahora es el nuevo presidente del Congreso.
Lo que llama la atención de la designación de Soto Reyes como vocero titular es que cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva no tuvo una buena relación con la prensa y la mayor parte del tiempo evitó dar entrevistas, especialmente cuando comenzaron las denuncias por irregularidades en su gestión.
Otra práctica común del nuevo vocero de APP es querellar y denunciar a los periodistas que lo investigan, como ocurrió con José Miguel Hidalgo, a quien denunció por reglaje.
Sin embargo, esta medida contra el periodista fue una represalia por evidenciar en un reportaje que Soto Reyes aún tenía una estrecha relación con Lizeth Peralta, madre de su hijo y hermana de una ex trabajadora de su despacho.
El periodista de Cuarto Poder no fue el único al que Alejandro Soto trató de amedrentar. Recientemente se conoció que querelló por tercera vez a Yessica Balazar, una periodista cusqueña.
La última medida que presentó Soto contra la periodista cusqueña y su colega, Carlos Carrillo, fue por decir en uno de sus programas de radio que él es un político que avergüenza al Cusco.
“ (…) uno de los políticos que más avergüenza al Cusco, sin duda es Alejandro Soto Reyes (…) , esa es la frase que se lee en el documento legal. Según el abogado de Alejandro Soto, la querella se interpuso porque con dicha afirmación, ambos periodistas, causaron un daño moral y psicológico al congresista.
Pocos días antes de terminar su gestión como presidente del Congreso, Alejandro Soto restringió el acceso a los periodistas cuando se desarrollaba la sesión del Comisión Permanente donde se elegiría al nuevo contralor de la República .
El hecho ocurrió el miércoles 24 de julio, cuando los reporteros no pudieron ingresar a la Sala Grau, donde se llevó a cabo la sesión a puertas cerradas y tuvieron que seguir las incidencias por el canal del Congreso.
En un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que esta medida contra la prensa constituye un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
"IPYS demanda revertir de inmediato la arbitraria decisión que atenta contra la transparencia y el derecho de acceso a información de alta relevancia pública", señalan en la última parte del comunicado.
