En su larguísimo discurso, la presidenta, Dina Boluarte, dedicó algunas palabras para describir su relación con el Poder Legislativo. Dijo concretamente dos cosas. Primero, que su gestión mantiene “una relación de respeto y colaboración” con aquel a pesar de que no cuenta con una bancada que represente sus intereses. Lo que hay, añadió Boluarte, son coincidencias “en torno a las grandes políticas de Estado” y en la “necesidad de garantizar la vigencia del orden constitucional”.
Segundo, que el equilibro entre poderes se manifiesta, por ejemplo, en la asistencia de los ministros a las comisiones y al Pleno cada vez que son requeridos y en el hecho de que el Ejecutivo ha observado “varias normas que contravienen las políticas del Estado”.
El problema es que este diagnóstico de la mandataria no se condice con la realidad diaria. Es cierto que Gobierno ha observado leyes del Congreso, aunque la mayoría de ellas por asuntos de menor importancia. Una excepción ha sido la que pretende el nombramiento automático de docentes y afecta la meritocracia. En este caso la opinión en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resultó decisiva.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo deja pasar normas muy controversiales. Por ejemplo, el 28 de julio empezó con la noticia de que el Ejecutivo había promulgado la iniciativa para obligar a los jueces a que apliquen la Ley 31751, conocida como la “ley Soto” (en alusión al expresidente del Legislativo, Alejandro Soto), que establece el plazo fijo de un año para la suspensión de la prescripción penal. Expertos han advertido que la norma favorece a la impunidad.
Palacio tampoco ha dicho nada sobre la ley auspiciada por Fuerza Popular y Renovación Popular para que la lesa humanidad sea inaplicable en delitos cometidos con anterioridad al año 2002. Diversas instituciones defensoras de los derechos humanos y abogados no han dudado en decir que lo que se busca es la impunidad para violadores de derechos humanos.
En su discurso, Boluarte destacó que en el Pleno se hayan aprobado leyes como la de contrataciones del Estado, de acceso universal al agua, de crédito suplementario, la que garantiza y promueve el acceso a medicamentos genéricos y la que promueve el acceso al libro y a la lectura.
No solo eso. Al inicio, la jefa de Estado afirmó que “han sido instituciones democráticas, como este Congreso de la República, las que se pusieron de pie y preservaron con energía y patriotismo el orden constitucional, cuando éste fue atacado por los golpistas en diciembre del 2022”, en alusión al golpe de Estado que quiso llevar adelante el expresidente, Pedro Castillo.
Fue un guiño para la institución que, varios observadores lo han dicho, es la que mantiene en el poder a Boluarte. Un reciente artículo de The Economist resumió la relación de esta última con el Congreso de esta manera: “Sobrevive porque no está al mando”.
Llamado al diálogo
En otro momento, la presidenta señaló que recibió una felicitación del Papa Francisco en donde hizo un llamado a que, a través de un diálogo nacional, los peruanos se unan para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
En ese sentido, Boluarte exhortó al Acuerdo Nacional y a la Iglesia para que, con el apoyo técnico de las Naciones Unidas, se proponga una agenda que priorice la atención a los peruanos más vulnerables. “Fieles a nuestras convicciones democráticas, reitero nuevamente, tal como lo señalé el año pasado, mi compromiso con un diálogo nacional amplio e inclusivo que lleve al entendimiento entre todos los peruanos”, dijo.
Mientras Boluarte decía estas palabras, miles de peruanos protestaban en las calles, recodando la masacre de 2022-2023.
Enfoque: “No hay paz social posible con un régimen impune”
Patricia Paniagua, politóloga
En general ha sido un discurso plagado de mucho cinismo, indolencia y desconectado de la realidad. Es una falta de respeto para el país. Pareciera que la presidenta no es consciente de la ilegitimidad ni de la incapacidad de su régimen. No ha habido ningún anuncio importante en ningún ámbito y es que, ciertamente, no había nada que pudiera anunciar un real cambio de rumbo en el país, salvo la renuncia y el adelanto de elecciones generales.
La jefa de Estado nos ha hablado de un país que no existe, con cifras cosméticas y gaseosas. Por ejemplo, nos ha hablado de derechos humanos, pero un derecho tan básico como la protesta pacífica sigue siendo vulnerado. Lo que ocurre es que es un Gobierno autoritario que se sabe impune.
Lo que ha dicho sobre la institucionalidad es muy gaseoso. Esta colaboración que ella menciona con el Congreso es en realidad un cogobierno en aras de intereses delictivos. No estamos acá frente a un ánimo colaborativo en pro del país. Y aquella mención a la gobernabilidad no guarda relación con lo que uno ve a diario, porque este Gobierno ha sido incapaz de llevar adelante un diálogo. Ahora ha exhortado precisamente a un diálogo nacional por la paz social. ¿Con esta impunidad se puede conversar? No hay paz social posible con un régimen impune. Da la impresión de que en el Ejecutivo son conscientes de que son anuncios huecos. Es como si hubieran incluido estos temas por compromiso.
