La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gestión mantiene un compromiso con el respeto a los derechos humanos, sin embargo no se pronunció sobre si observará o no la norma que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Durante su discurso ante el Congreso, la mandataria anunció que se aprobará la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 que tendrá como objetivo reducir la desigualdad y discriminación.
"En línea con nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos, anuncio que en el segundo semestre del presente año se aprobará la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, que tendrá como objetivo reducir la desigualdad y la discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas, estableciendo compromisos de diversos sectores y niveles de gobierno en dicha materia", comentó.
No obstante, pese que la Corte IDH y diferentes organizaciones nacionales e internacionales alertaron de las consecuencias negativas que tendría la implementación de esta norma, la presidenta guardó silencio y hasta el momento no se ha referido al tema.
Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un requerimiento al Estado peruano para que no aplique la norma promovida por el fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, que otorga impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
Ante eso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que la presidenta Dina Boluarte, y el titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que expresan su rechazo al requerimiento hecho por el tribunal internacional de no aprobar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
"Lo que quiero mencionar es que la presidenta y el presidente del Congreso han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido la Corte IDH. Y en esa carta de respuesta firmada por los dos poderes del estado electos, han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución", indicó Adrianzén el pasado 10 de julio.
Cuando el proyecto aún no había sido aprobado, los Fiscales Especializados en Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto rechazando la norma y advirtieron que si es aprobada atentaría contra el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares.
Los fiscales señalaron que esta propuesta resulta incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que, en función del compromiso que tienen los Estados con la protección de los mismos, rechazan la Ley de Amnistía.
En el comunicado, se indica que si la propuesta es aprobada, impactará directamente en casos penales por violaciones a los derechos humanos que aún están en investigación y que terminarían siendo archivados, vulnerando el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.
Entre los procesos que aún están en investigación se encuentran Madre Mía, Lurigancho, Barrios Altos, Cabitos 1983, Chuschi, Leonor la Rosa, Putis, Soras, Sobres bomba, Accomarca, entre otros.
