La presidenta, Dina Boluarte, inicia hoy un nuevo año de gestión marcada por la subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, de acuerdo con especialistas consultados. Un reciente artículo de The Economist lo describió así: “Sobrevive porque no está al mando”.
“Estoy de acuerdo con The Ecomomist. Hay un vínculo, un nuevo pacto de gobernanza para una gobernabilidad muy precaria”, señaló el investigador del Instituto de Estudios Peruanos y exministro de Educación, Ricardo Cuenca.
Por su parte, el historiador y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Joseph Dager, consideró que lo único que sostiene a Boluarte es el Congreso. “No tiene apoyo popular, ni prestigio internacional y los medios, que al inicio no la criticaban, ya lo hacen”, dijo.
Cuenca indicó que las decisiones que tienen que ver con asuntos de políticas públicas -y que solían venir desde el Ejecutivo- son ahora tomadas en el Legislativo. Mencionó las contrarreformas en educación, transporte y los intentos de capturar al sistema de justicia.
En el campo educativo, el Perú empezó la reforma docente en el 2012, la universitaria en el 2014 y la curricular en el 2016. Pudieron implementarse no sin dificultades y se mantuvieron hasta el 2021, cuando el Congreso empezó a desmontarlas. “Ya sea con el acuerdo o, lo que es peor, con el desinterés del Ejecutivo”, explicó Cuenca.
Para el exministro la contrarreforma más evidente en educación ha sido la universitaria, que afectó los procesos de licenciamiento y acreditación.
Es cierto que el Congreso ha utilizado herramientas de control político. En el último año se han realizado trece interpelaciones ministeriales. En noviembre de 2023 se censuró a Vicente Romero, extitular del Interior. El Ejecutivo también ha observado leyes aprobadas en el Pleno, aunque la mayoría de las veces en temas de menor importancia. Una excepción ha sido la norma que pretende el nombramiento automático de docentes y afecta la meritocracia. La opinión en contra del MEF fue clave.
Pero en otros temas graves, la sujeción ha sido evidente, advirtió Dager. Mencionó por ejemplo la ley auspiciada por Fuerza Popular y Renovación Popular que limita la aplicación de la figura de la lesa humanidad en delitos cometidos antes de 2002. El Ejecutivo no solo no se ha pronunciado en contra de una medida que busca la impunidad, sino que el premier, Gustavo Adrianzén, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber pedido que la norma no se apruebe.
Dager también recordó la vez en que el Canciller Javier González-Olaechea, en una ceremonia en la embajada de Canadá, cuestionó a esta y otras delegaciones por su posición frente al proyecto que busca modificar las normas de supervisión y fiscalización a las ONG.
Los especialistas coincidieron en que la situación no va a cambiar pronto. “Quizás en el último año antes de las elecciones, pero por el momento no veo nada que varíe el panorama radicalmente. Tendremos un gobierno muy débil que se soporta en un Congreso muy impopular”, comentó Dager. Para Cuenca, los más beneficiados son los legisladores. “Han ingresado sus agendas particulares por la inacción del Gobierno. Es el mejor escenario para ellos”, declaró.
