“Nada que esperar” es una frase que resume el estado de ánimo de la mayoría de analistas políticos consultados sobre las previsiones acerca de los anuncios presidenciales del mensaje de 28 de julio.
Si nos atenemos al mensaje del año pasado, que fue una lista de lavandería leída durante más de dos horas, con mucha monotonía y que se hizo soporífera por lo excesiva, nos espera algo similar. Si analizamos más a fondo, esa larga lista se ha incumplido en un 85%, según evaluaciones realizadas.
Hay algunos de esos incumplimientos que saltan a la vista. El sueldo mínimo, por ejemplo, que no se ha tocado durante estos últimos 12 meses o la reactivación de proyectos mineros e incluso el caso de Majes Sihuas, que probablemente tenga unos 10 años estancado.
En el mensaje de este año parece ser que se harán actualizaciones al respecto, aunque en el caso del SMV, con la extensa presencia del sector informal, beneficiaria directamente a muy pocos trabajadores que están plenamente empleados y gozan de beneficios.
Se habla también del lanzamiento del Ministerio de Infraestructura, que podría nuclear dinero y funciones de otras dependencias públicas. Esta idea original correspondió al expremier Alberto Otárola, quien anunció este nuevo sector en sus primeros meses como primer ministro. Se trataba de acelerar la construcción en tiempos de Yaku y cuando se vaticinaba la llegada de El Niño.
No avanzó nada la propuesta. Y ahora pareciera que forma parte del mensaje presidencial de mañana domingo. Habrá que tener presente que se pretende manejar un gran presupuesto con un contralor que le debe el cargo y con un Congreso cómplice de cada una de las acciones de Dina Boluarte, que adicionalmente hace su propia repartija y pone al mando a un promotor de la minería ilegal.
Los colectivos que promueven la democracia están llamando a la contención mediante acciones ciudadanas de protesta. No se puede seguir impasible ante el despropósito y la villanía.