En el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2010 y el 23 de mayo de 2011, Keiko Fujimori recibió de Dionisio Romero Paoletti US$3,65 millones en 7 armadas, como lo acreditó una inspección en reserva de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). En ese lapso de tiempo, Fujimori ejercía como congresista, por lo tanto, en su condición de funcionaria pública, estaba obligada a presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, conforme a la Ley 27482.
Al expresar públicamente Dionisio Romero Paoletti los aportes clandestinos a favor de Keiko Fujimori, el 18 de noviembre de 2019 la excandidata presidencial en su cuenta de Twitter no solo confirmó haber recibido el dinero sino también reconoció que lo había ocultado.
“La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”, escribió Fujimori: “Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor represalias, tal como el señor (Dionisio) Romero (Paoletti) lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público”.
Pero el acuerdo privado con Dionisio Romero Paoletti no exceptuó a Keiko Fujimori a cumplir con reportar los US$3,65 millones que recibió, en aplicación del artículo 3° de la Ley 27482.
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De acuerdo con la base de datos de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Keiko Fujimori presentó 3. En ninguna, la presidenta de Fuerza Popular consignó los US$3,65 millones que le proporcionó Dionisio Romero Paoletti.
El artículo 5° de la mencionada ley, señala con precisión que los congresistas están obligados a suministrar información sobres sus ingresos, bienes y rentas, “debidamente especificados y valorizados, tanto en el país como en el extranjero”. Y precisa que “se entiende por bienes, ingresos y rentas las remuneraciones, honorarios, (...) regalías, rentas vitalicias, dietas o similares, bienes inmuebles, ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero, otros bienes e ingresos del declarante, y todo aquello que reporte un beneficio económico (al declarante)”. En este caso, Keiko Fujimori.
Pero la excongresista no lo hizo. Vulneró la Ley 27482.
Como puede apreciarse, en 2010 reportó como bienes S/117,500 y en el rubro “Otros” (que incluye cuentas bancarias), S/513,872. Y en 2011, informó el mismo monto de bienes, S/117,500, y S/603,700 en la sección “Otros”. No hay señales de los US$3,65 millones.
Entre noviembre y diciembre de 2010, Dionisio Romero dispuso de efectivo del Banco de Crédito del Perú (BCP) conforme el informe de la SBS. Y entre enero y mayo proporcionó US$2,950,000 (equivalente a S/11,210,000).
Es decir, Keiko Fujimori recibió el equivalente a S/13,730,000 entre noviembre de 2010 y mayo de 2011. Este monto no ha sido registrado por la excandidata presidencial en sus declaraciones juradas como estaba obligada.
En 2011, solo reportó S/721,200 (la suma de los bienes más el rubro ‘Otros’), lo que representa el 5.25% del total que le dio Dionisio Romero.
Lo que confirma un patrón de conducta, es que así como no declaró el dinero de Romero, tampoco lo hizo con fondos de otros aportantes en las mismas fechas, como es el caso del empresario Juan Rassmus Echecopar y de su sobrino Enrique Gubbins Bovet, entre otros.
En la misma citada declaración por Twitter, Keiko Fujimori afirmó que “no existió lavado de activos”, por lo que deberá explicar qué hizo con los US$3,65 millones que nunca reportó en sus Declaraciones Juradas.
