El juicio por el caso Cócteles sigue en la etapa de exposición de argumentos de la defensa de los más de 40 implicados que se encuentran vinculados a la cúpula de Fuerza Popular. El último lunes 22 de julio, el abogado de Mark Vito minimizó los delitos de lavado de activos y organización criminal que le imputa el fiscal José Domingo Pérez a su patrocinado.
Durante su exposición, César Mayta, argumentó que no existe delito cometido por Vito como lo sostiene el Equipo Especial Lava Jato. En esa línea, cuestionó "¿qué delito ha cometido entonces el señor Mark Vito Villanella?". La respuesta no tardó por parte de la defensa y exclamó ante los integrantes del Tercer Juzgado Penal Nacional: "simple y categórica: ser esposo de la señora Keiko Fujimori, ahora exesposo”.
“Lo único que ven es condenarlo desde ya, por algo que no existe. No existe delito de organización criminal, menos aún de lavado de activos (…) Se ha mantenido ajeno siempre al poder político. Lamentablemente, esa condición de esposo ha sido una de las razones más importante del Ministerio Público para incluirnos en esta investigación de lavado de activos”, cuestionó el abogado de Vito.
Asimismo, el letrado dijo que Mark Vito se encuentra “debidamente registrado” como agente inmobiliario ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo, con la investigación por el caso Cócteles ha dejado de laborar.
“Ahora no puede comunicarse con ninguno de sus clientes, su empresa se encuentra suspendida, ya no realiza actividades porque toda actividad era auscultada por el Ministerio Público. Fue un castigo implacable porque le quitaron su derecho a trabajar”, apuntó Mayta.
Durante la audiencias que se realizaron el 2, 9 y 10 de julio último, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez realizó precisiones y modificó las penas de cárcel que pide para los acusados del caso Cócteles.
De esta manera, en el caso de Mark Vito, el fiscal Pérez redujo la pena solicitada para Mark Vito Villanela y Jorge Trelles Montero. En marzo de 2021, la fiscalía solicitó para ambos penas de cárcel efectiva de 22 años y 8 meses de prisión. En su alegato oral, el representante del Ministerio Público pidió para cada uno de ellos, una pena concreta de 20 años y 8 meses, por organización criminal y lavado de activos.
