Todo parece indicar que el proceso de incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tambalea. Ni el viaje de la señora Boluarte a China (para ofrecer carne de burro) ni los anuncios de reactivaciones mineras (Tía María) serán suficientes para compensar los enormes déficits institucionales y de políticas públicas que caracterizan al Estado peruano. Déficits que se agravaron maliciosamente durante esta etapa del Gobierno, con retrocesos en materia de anticorrupción, regulación ambiental y laboral promovidos desde el Congreso y el Ejecutivo. }
El “llamado de atención” de OCDE, en octubre del año pasado, por el debilitamiento de la legislación sobre colaboración eficaz deja en una situación incierta el ingreso de Perú, por ahora más afuera que dentro, para decirlo de algún modo.
Pero ¿por qué se considera importante la incorporación de Perú a la OCDE? Para Lisbeth Loja, coordinadora del Punto Nacional de Contacto de OCDE en Lima, “los países de la organización acumulan el mayor porcentaje de PBI global y manejo de transacciones comerciales globales. .
Lograr este objetivo es nada sencillo. Conjuntamente con el Perú, también otros cinco países (Argentina, Brasil, Croacia, Rumania y Bulgaria) aspiran a formar parte del club de las principales economías del mundo. El desafío es superlativo. El Gobierno peruano deberá demostrar que sus políticas públicas reúnen las condiciones de coherencia, sostenibilidad y eficacia que exigen los estándares de la OCDE; compuesta, dicho sea de paso, por 37 países, la mayoría de la Unión Europea, con participación de al menos una economía de todos los continentes (con excepción del África). En América Latina, los primeros países en integrarse fueron México y Chile y, más recientemente, Colombia y Costa Rica. Todos Estados con problemas, pero con mejores niveles de institucionalidad y bases económicas que el Perú. Basta comparar un indicador clave para las exigencias de la OCDE: mientras que en Perú la informalidad se calcula en 73% de la PEA, en Chile (27%), Costa Rica (37%), México (55%), Colombia (55%) y Costa Rica (56%) es notablemente menor. Para no hablar de nuestros directos competidores: Brasil (37%) y Argentina (50%).
Para ser parte de la OCDE, el Perú debe superar 24 evaluaciones realizadas por comités analíticos que monitorean diversas dimensiones vinculadas a las políticas públicas, la gobernanza y sostenibilidad. La semana pasada, funcionarios de la División de Asuntos Financieros y Económicos de la OCDE, responsable de un comité evaluador, se reunieron con dirigentes sindicales y representantes de sociedad civil para analizar el nivel de avance en el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas al Estado peruano en el Estudio de políticas públicas de conducta empresarial responsable (2020), muchas de las cuales fueron incluidas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (2021-2025). Sin embargo, a un año de su conclusión, el panorama es, por decir lo menos, desalentador.
Un estudio de Perú Equidad encuentra que menos del 5% de las acciones del PNAEDH dispone de indicadores de resultados. Y que 81 de las 97 acciones que cuentan con metas que debieron cumplirse al 2023; apenas el 10% fueron implementadas, 20% lo fueron parcialmente y 13% iniciaron acciones para su implementación. El 57% ni siquiera había comenzado a desarrollarse a mayo del 2024.
Veamos un caso concreto, el de reducción de la informalidad. La OCDE planteó al Estado peruano un conjunto de recomendaciones precisas. Para comenzar, propuso (i) ajustar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) a través del diálogo social, garantizando que los cambios que se produzcan no debiliten la protección de los derechos laborales; (ii) adoptar un marco normativo laboral que supere la actual fragmentación que dificulta su cumplimiento; así como (iii) adoptar medidas ajustadas a metas cuantificables para prevenir y erradicar el trabajo infantil y forzoso, la discriminación y las violaciones de los derechos sindicales.
También instó al Estado peruano a (iv) identificar y modificar los problemas institucionales que afectan la eficacia de la protección laboral en Perú (y dejar de ser el país con más reclamaciones regulares ante los órganos de control de la OIT en la región); (v) adoptar medidas para que las inspecciones del trabajo cuenten con recursos suficientes, tengan independencia respecto del Gobierno y de las empresas, y aumenten su poder de sanción y autoridad.
De igual forma, recomendó (vi) remover los impedimentos jurídicos que limitan el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva; en particular prácticas antisindicales como el despido de dirigentes y las sanciones contra los trabajadores agremiados. Finalmente, en el marco de este estudio, recomendó (vii) revisar el marco normativo aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas (dado que muy pocas empresas comprendidas usan el régimen específico para contratar a sus trabajadores).
Nada de lo planteado por la OCDE ha sido objeto atención prioritaria por nuestras autoridades. No solo no se revisó el PNCP para incorporar adecuadas protecciones a los derechos fundamentales, sino que además se suspendió la implementación de la Agenda 19, que contemplaba la aprobación de un código de trabajo y la regulación de las relaciones colectivas de trabajo y tercerización; aspectos esenciales para el ejercicio —sin problemas ni restricciones— de la libertad sindical.
Que un Gobierno preocupado más en su sobrevivencia e impunidad no encare con seriedad estos asuntos claves cabe dentro de lo previsible. Pero llama la atención que el sector privado no comprenda la relevancia de la hoja de ruta planteada claramente por la OCDE.
