En el Perú, hemos pasado del llamado “milagro” a la crisis política que no acaba y, en los últimos años, al retroceso de la democracia con acometidas de una coalición del bloque dominante en el Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ambos poderes con gran rechazo de los ciudadanos, pero que subsisten sosteniéndose mutuamente.
La asociación civil Transparencia ha identificado 30 retrocesos democráticos en los últimos años considerados significativos por más de 66 líderes de opinión y expertos. Los más mencionados fueron el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, las denuncias de fraude sin pruebas de Keiko Fujimori y las muertes en las protestas contra el régimen de Boluarte tras asumir el mando.
Les siguen la agresión a autoridades electorales, el patrimonialismo de Castillo con complicidad de la izquierda en sus atropellos, los nombramientos de gabinete de este exmandatario, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y el empoderamiento que generan al Congreso la impunidad de los parlamentarios en la Comisión de Ética y la eliminación de la paridad y la alternancia para la elección de autoridades. Luego, están la crisis y politización en el Ministerio Público y el Poder Judicial, la desarticulación de la Superintendencia de Educación Universitaria (Sunedu), la modificación de la ley forestal y la evidencia de corrupción en últimos presidentes y altas esferas, entre otros hitos que debilitan el sistema democrático.
Entre los consultados, también se incluyó a líderes de partidos políticos. Esto explica algunas contraposiciones. Por ejemplo, se cuestiona la elección de los miembros del TC que blindó al Congreso para que no pueda ser disuelto, pero algunos participantes se oponen al cierre del Congreso que dispuso el expresidente Martín Vizcarra, pese a que el TC de entonces lo consideró como válido.
“Más allá de que hay una polarización, al mismo tiempo también hay un consenso de que hay cosas que se están haciendo muy mal, de que hay una serie de reformas o contrarreformas que están provocando el retroceso de la democracia, en general, en términos de representación y también en términos de capacidad del Estado”, comenta el politólogo Omar Awapara, secretario general de Transparencia.
Sostiene que el gran reto es encontrar una salida a esta situación. La ruta propuesta es impulsar un proceso que apunte a superar la atomización para consensuar demandas urgentes de la ciudadanía que comprometan a las siguientes autoridades a volver a democratizar el Perú.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en la construcción de democracia. Tenemos que encontrar cosas mínimas a las que adherirnos. Vamos a tener dos encuentros nacionales en Lima y Ayacucho, sobre todo con jóvenes representativos. Tomando este insumo, debemos buscar a qué tipo de democracia queremos aspirar de aquí en adelante, un plan para los próximos 3, 10 o 30 años. La idea es que sea una demanda que se tenga que cumplir”, aduce.
Se agravó desde el 2016
El politólogo Alexander Benites, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (IDEHPUCP), advierte que “hay una tarea ciudadana urgente de tomar conciencia sobre la problemática, y dar mayor soporte a liderazgos políticos y plataformas que, aunque son pocas y débiles, existen y hoy deben tener mayor protagonismo para recuperar nuestra democracia”.
En su texto El estancamiento de la democracia en el Perú, con su colega Luis Valverde, identifica que empiezan los serios cuestionamientos al orden democrático desde el 2016, cuando se van normalizando mecanismos extremos como la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, surgen graves casos de corrupción y se llega en el 2021 a una elección muy polarizada, oferta de partidos cada vez más pobre y denuncias infundadas de fraude electoral.
“La cadena de acontecimientos siguió cuesta abajo con el expresidente Pedro Castillo, quien intentó, felizmente sin éxito, un golpe de Estado en el año 2022. Finalmente, el 2023 inicia con la instauración de un gobierno con tintes autoritarios y una respuesta violenta y desmedida frente a la manifestación ciudadana que ha puesto al país en el foco de la atención internacional”, sostienen los especialistas.
“La democracia está (...) estancada. Los eventos registrados en los últimos meses hacen que el Perú sea incluso calificado por algunas mediciones como un régimen híbrido. Es decir, aunque la debilidad de instituciones y actores, así como su poca legitimidad, sea una barrera para la concentración del poder, los mínimos componentes necesarios de una democracia ya han retrocedido mucho”, advierten.
Caída democrática anunciada
El politólogo Daniel Encinas, coordinador general del proyecto Puente, alega que la coalición que ahora ejecuta este retroceso en nuestra democracia no solo es corrupto, sino “resultado del matrimonio desafortunado entre la discriminación y el patrimonialismo” que avanzaron.
“Esta es la caída democrática anunciada. Desde el inicio, se ve la transición a la democracia peruana y se contrasta que nos faltaba mucho para lograr una democracia que llegue a ser estable. No había condiciones que permiten que sea duradera. Internacionalmente, era visto como una sorpresa que esta democracia continuara. Duraba, pero no era estable. El milagro peruano tenía muchos demonios”, comenta.
“Esto cambia con la caída de Castillo y el ascenso de Boluarte. Había un equilibrio precario que permitía la duración de esta democracia porque todos los actores eran débiles y ninguno lograba acumular suficiente poder. Entre los hechos que han tenido mayor impacto, está que en 2021 se eligió entre dos opciones autoritarias. Eso se comprueba cuando gana Castillo y Keiko Fujimori nuevamente habla de fraude. El gobierno de Castillo también tiene una serie de pulsiones autoritarias que se manifiestan ya en el intento de golpe de Estado”, dice.
“Y el giro ya hacia la no democracia tiene un punto de quiebre en el inicio del Gobierno de Boluarte con la represión exagerada, un uso excesivo de la fuerza con total impunidad y que se forja una alianza entre el Gobierno y el Congreso. Luego, se desacata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ya nos posiciona internacionalmente como un país que no respeta los estándares democráticos, los derechos humanos y sus compromisos internacionales. Esto contradice la definición mínima de una democracia”, sostiene.
Encinas considera que para salir de esta situación debemos aprovechar los resquicios de democracia y los instrumentos legales que subsisten y no llegar a situaciones extremas que serían usadas para desprestigiar a quienes buscan democratizar.
“Si bien la democracia va muriendo lentamente, como no hay un gran evento que mata la democracia, la oposición también tiene varias oportunidades para enfrentarse a los Gobiernos; en este caso, esta coalición autoritaria. Se deben aprovechar las pequeñas ganancias”, refiere.
Los responsables
La abogada constitucionalista y politóloga Luisana Vega, profesora de la Universidad de San Marcos, también identifica responsabilidades en el Gobierno y el Congreso.
“En el Ejecutivo, el principal hecho contra la democracia es la represión violenta a las protestas de diciembre del 2022 y marzo del 2023. Un informe de la CIDH concluye que hubo desproporción en el uso letal de la fuerza de los agentes del Estado contra los manifestantes en casos concretos, y hasta la fecha no existe un solo responsable o investigaciones céleres que determinen responsabilidades; con ello, el derecho de protesta viene siendo reprimido y criminalizado por el Ejecutivo, hecho que nos acerca más a un régimen autoritario que a uno democrático”, dice.
“En el Congreso, el peor retroceso a la democracia es la aprobación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad antes de julio del 2002, porque contraviene la esencia del derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene una cláusula de imprescriptibilidad de los delitos, incluidos los de lesa humanidad. En ese sentido, la Corte IDH ya ha señalado en reiterada jurisprudencia sobre casos de leyes de amnistía o caducidad de delitos de lesa humanidad; que la sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del derecho internacional, incluyendo al derecho internacional de los derechos humanos; por lo que corresponde en este caso que el Ejecutivo observe dicha autógrafa por no estar con correspondencia con los deberes de un Estado democrático y constitucional de derecho”, aduce.
“Es también por la inacción del Estado”
La historiadora Natalia González, directora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que la desatención del Estado es clave en la regresión democrática.
“El retroceso de la democracia en Perú tiene varios factores. El debate ha estado centrado en instituciones que garantizan las reglas de juego democrático, pero es importante anotar que también tiene que ver con el quehacer del Estado, los ministerios, con políticas que llegan a poblaciones más excluidas. El descontento y la indiferencia de la gente por la democracia son también consecuencia de la inacción del Estado para atender las demandas de estas poblaciones”, explica.
