Anteriormente, el burgomaestre intentó detener los avances de la estación central. No solo interpuso un hábeas corpus, sino también una demanda penal.
En medio de las controversias generadas por la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga ordenó modificar la Ordenanza 1680 para sancionar con nuevas infracciones a las obras que no cuenten con autorización municipal. La comuna tomó esta decisión en una sesión ordinaria realizada el 18 de julio de 2024.
Anteriormente, el burgomaestre intentó detener los avances de la estación central. No solo interpuso un hábeas corpus, sino también una demanda penal. La autoridad edil quería reclamar compensaciones a la concesionaria por los perjuicios ocasionados debido al cierre de las vías públicas.
Incluso la Municipalidad de Lima difundió un video a través de las redes sociales para criticar la edificación. "¿Por qué realizar la intervención sin los requerimientos necesarios? A diario, millones de personas transitan por la zona. Tanto transportistas como transeúntes se ven afectados. Porque no hay un plan de desvío, una marcha blanca o una sincronización de semáforos. […] Nuestros vecinos esperaban información, planificación y mesura para evitar la congestión vehicular y el malestar de todos los perjudicados", se escuchó en la publicación.
Mientras tanto, Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) mencionó que el retraso de la construcción de la estación central perjudicaría económicamente al Estado.
En abril de 2013 se promulgó la Ordenanza 1680 para regular las condiciones y requisitos al momento de solicitar la interferencia de vías públicas. Así la Municipalidad de Lima Metropolitana busca garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos a transitar libremente por las calles.
La normativa antigua contenía la infracción muy grave denominada 'Ejecución de obras en vías públicas sin contar con la autorización municipal de interferencia de vías otorgada por la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito'. Hasta el 18 de julio de este año, la sanción era de 2 UIT con una reincidencia de 4 UIT.
Tras las modificaciones aprobadas por Rafael López Aliaga, la penalización será de 1% del valor del proyecto, con una reincidencia del 2%
La Ordenanza 1680 contenía 21 infracciones que oscilaban entre 1 y 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Ahora, con los recientes cambios efectuados por la comuna liderada por López Aliaga, el reglamento posee 23 faltas.
Se agregó una infracción por 'incumplir con el plazo autorizado en la resolución de interferencia de vías emitido por la autoridad municipal' y otra por 'incumplir con el plazo señalado en la solicitud de autorización de interferencia de vías'. Ambas son consideradas como muy graves. Tienen una sanción de 1% del valor de la obra o proyecto con una reincidencia del 2%.
Durante una conferencia de prensa realizada el viernes 19 de julio, el alcalde Rafael López Aliaga indicó que se muestra a favor de la desaparición de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Hasta señaló que dicha entidad ya cumplió su ciclo.
"Creo que la ATU debe desaparecer de una buena vez porque es un mamarracho. No funciona. Uno quiere entregarle las obras y no las acepta", declaró ante los medios de comunicación.
