Concluyen alegatos de defensa. Se definirá si Luis Mejía Lecca puede afrontar el juicio público. El abogado de Mark Vitto debe sustentar su alegato de defensa y se empezará a citar a los testigos.
Esta semana, el lunes 22 y miércoles 24 de julio, deben concluir los alegatos de apertura de los abogados defensores en el juicio a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros 39 acusados por organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en el caso Cócteles.
Ambas audiencias están programadas de manera virtual, entre las 9:00 y las 12:00 de la mañana.
El lunes, el Tercer Juzgado Penal Colegiado, integrado por los jueces Juana Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, recibirá los reportes de los especialistas del Instituto de Medicina Legal sobre la salud de Luis Mejía Lecca, el ex tesorero y ex personero legal de Fuerza 2011.
Mejia Lecca se encuentra postrado en cama debido a un accidente cerebrovascular agudo que ha paralizado la mitad de su cuerpo. Los médicos legistas deben determinar si está en condiciones físicas y mentales de afrontar el juicio público.
Si los médicos certifican la gravedad de su estado de salud, conforme con el pedido que realizó su abogada Yeni Vilcatoma, Mejía será excluido del juicio hasta que esté en condiciones de afrontarlo.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez aún no han presentado oralmente los cargos y la pena que solicita para el ex tesorero de Fuerza 2011.
Los médicos legistas también deben informar sobre el estado de salud de Efraín Goldenberg Schreiber, empresario y ex primer ministro del gobierno de Alberto Fujimori.
Goldenber, de 98 años de edad, está participando en el juicio, pero de manera virtual. Su abogado Julio César Espinoza ha pedido que se le excluya de participar presencialmente. Por su edad, tiene dificultades para hablar y casi no escucha,
El lunes, el abogado de Mark Vito Villanela debe realizar su alegato de defensa. El jurisconsulto debió intervenir en la audiencia pasada de manera presencial, pero estuvo ausente. El abogado justificó la ausencia por un tema laboral.
También corresponde los alegatos de defensa de la mayoría de supuestos falsos aportantes a las campañas de Fuerza 2011 y Fuerza Popular en las elecciones del 2011 y 2016.
La fiscalía los acusa de lavado de activos al considerar que los aportes no provenían de sus ingresos personales, sino que era dinero que Fuerza Popular les entregó previamente.
Por último, están los alegatos de defensa de los primeros abogados Fuerza Popular: Edwar García Navarro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Danae Calderon Castro y de Giulliana Loza.
Algunos de los abogados acusados harán autodefensa y otros serán representados por otros colegas. La fiscalía los acusa de haber amenazado y presionado a los falsos aportes para dar un falso testimonio.
Los abogados acusados niegan cualquier amenaza y dicen que este cargo ni siquiera fue parte de la investigación, pues ningún aportante habla de amenazas. Lo que se investigó y acusó la fiscalía, dicen, fue una inducción a dar falso testimonio, que también niegan.
Edward García y sus colegas aseguran que solo dieron una asesoría legal a los aportantes de Fuerza Popular citados por la fiscalía.
Al concluir los alegatos de apertura por parte de los abogados, corresponde que la presidenta del tribunal y directora de debates, Caballero García pregunte a cada uno de los acusados si acepta o rechaza la acusación del fiscal José Domingo Pérez.
Si algún acusado acepta, se da por probada la acusación en su contra y se le dicta sentencia en la siguiente audiencia y queda fuera del juicio. Este veredicto es individual y no es vinculante ni afecta probatoriamente a los demás.
La pena será por debajo de lo que solicita la fiscalía, en recompensa por el ahorro de recursos que conlleva juzgarlo.
Sin embargo, dada las altas penas que solicita la fiscalía es poco probable que alguno de los acusados acepte los cargos. Además, de las complicaciones en el sistema bancarios que conlleva una condena por lavado de activos. Todos preferirán afrontar el largo juicio, pero los jueces deben realizar la pregunta.
Luego de las dos audiencias de esta semana, habrá un receso por los feriados de Fiestas Patrias. El juicio público retomará el miércoles 7 de agosto, proseguirá el lunes 12 y martes 13 de agosto y consecutivamente dos veces por semana.
Para agosto se empezará a citar a los testigos. El Juzgado Colegiado ha advertido que hay demasiados, lo que alargará el juicio por muchos años.
Es probable que se genere un debate sobre la necesidad de escuchar a los más de dos mil testigos programados, los 1,500 de la fiscalía más los que presente la defensa de cada acusado.
Los primeros testigos deberían ser los ciudadanos brasileños y ex directivos de la constructora Odebrecht: Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Simoes Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio Da Silva, Hilberto Marcarenhas Alves Da Silva Filho y Luis Eduardo Da Rocha Soares.
Además, Antonio José Donnel Parra del Riego, María Lucia Guimaraes Taveares, Eleuberto Antonio Martorelli, Marcos Queiroz Grillo, Ubiraci Chaves Santos y Angela Palmeira Ferreira.
La justicia brasileña ha suspendido la cooperación judicial internacional con Perú por el caso Odebrecht. Jorge Barata ha anunciado que no declarará en los juicios en el Perú, al haberse revocado su colaboración eficaz.
El fiscal José Domingo Pérez puede pedir otro orden de testigos, para dar tiempo a definir legalmente la situación en Brasil.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado ha explicado que por ahora no puede programar más de dos audiencias semanales para el juicio del caso Cócteles.
Los mismos jueces están a cargo del juicio al ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por los presuntos aportes de Odebrecht y de Venezuela al Partido Nacionalista Peruano.
El juicio del caso Humala se realiza tres veces por semanas. Los jueces buscan concluir ese proceso y dictar sentencia antes de concluir el año 2024.
Una sentencia que sentará un precedente para todos los procesos sobre partidos políticos y crimen organizado y sobre aportes irregulares a las campañas electorales y lavado de activos.
