La investigación fiscal contra la destituida exjueza superior Enma Benavides, por supuestamente aceptar dinero a cambio de resolver a favor de procesados por tráfico ilícito de drogas, se encuentra nuevamente en una situación complicada. En esta ocasión no es por una supuesta interferencia de su hermana, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en el caso, sino por el tiempo que le está tomando al Poder Judicial resolver un recurso del Ministerio Público.
En enero de este año, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó el sobreseimiento (archivo) planteado por el fiscal Uriel Terán y dispuso una investigación suplementaria por un plazo de 5 meses. Es decir, hasta junio.
El fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, apeló esta decisión y solicitó que el plazo sea de 24 meses. También requirió que las diligencias a realizarse no se limiten al levantamiento del secreto bancario y la toma de la declaración de los narcotraficantes Percy Coromotos Sandoval y Roberto Gómez Herrera ‘Huevo’, tal como dispuso Checkley en su resolución.
Adicionalmente a ello, al presentar la apelación, Chinchay pidió que esta sea concedida “con efecto suspensivo”, es decir, que la resolución de primera instancia surta efectos una vez que haya sido confirmada en segunda instancia. De esa manera, se buscó que el plazo de la investigación suplementaria se suspendiera hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncie. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley declaró improcedente el pedido.
Es la sala suprema que preside el juez supremo César San Martín la que decidirá si amplía el plazo y los alcances de la investigación suplementaria dispuesta o no. No obstante, pese al tiempo transcurrido, aún no han resuelto la apelación.
Según la resolución obtenida por La República, la Sala Suprema Penal Permanente solo ha declarado “bien concedido” el recurso de la Fiscalía. En resumen, la apelación cumple con los requisitos formales para ser admitida. Lo que debe pasar ahora es que se programe la audiencia. Ahí el fiscal supremo Alcides Chinchay ahondará en sus argumentos para convencer a los jueces supremos.
Mientras tanto, formalmente, la investigación suplementaria venció inevitablemente a finales de junio pasado.
El abogado de Enma Benavides, Elio Riera, señaló a La República que se ha solicitado al Ministerio Público que se pronuncie ratificando el sobreseimiento (archivo) que formuló el fiscal Uriel Terán. “Ya no tienen más que hacer. Ya Fiscalía cumplió con todo lo que tiene que hacer. Verdaderamente, ese caso ya tiene que archivarse”, dijo.
Riera también cuestionó que la Fiscalía se amplíe el plazo de la investigación suplementaria a 24 meses. “Lo que no hicieron en 36 meses, lo van a querer hacer en 24”, indicó.
En paralelo al proceso penal, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Enma Benavides por supuestamente interferir en su propia causa a través de su hermana Patricia Benavides y por presuntamente mentir ante la ciudadanía sobre sus faltas disciplinarias.
Contra esa decisión se formuló una reconsideración, el cual fue sustentado por Elio Riera ante el pleno de la JNJ esta semana. El abogado espera que los consejeros aprueben la reconsideración y restituyan a su clienta, pero evitó referirse si judicializará el caso en el supuesto de que el recurso sea rechazado. “Yo confío en que la Junta nos va a dar la razón. No veo posibilidad alguna (de que sea desestimada) ya que no hay elementos para poder negarnos la reconsideración. Pero en caso se dé, tendría que cuestionar en relación a la resolución notificada. Mientras no haya nada no podría pronunciarme (si llevarían el caso al Poder Judicial)”, apuntó.
En su intervención ante la JNJ, Elio Riera alegó que no se precisa cómo la exjueza superior habría interferido en el proceso penal que se le sigue en la Fiscalía. Además, indicó que, según el Reglamento de la institución, los hechos que se le atribuyan a un magistrado deben ser "actos propios". “No existe en esta legislación la figura de cómplice”, dijo.
Respecto al segundo cargo que se le imputa a la exmagistrada, el abogado argumentó que su clienta solo se defendió ante ataques mediáticos del expremier Aníbal Torres y que, en el "supuesto negado", que efectivamente se omitió información, la destitución sería desproporcionada.
