Vladimir Cerrón es, sin lugar a dudas, el prófugo de la justicia menos buscado del país. Los ministros del Interior se suceden y todos ofrecen capturarlo al inicio de su periodo, y luego se van sin pena ni gloria, esbozando pobres excusas para justificar la larga clandestinidad del jefe político de Perú Libre, organización a la que pertenecieron Dina Boluarte y Pedro Castillo y con la que ganaron la presidencia y vicepresidencia en el 2021.
En el caso de Santiváñez, la actitud del ministro genera más sospecha todavía. Ha pertenecido al equipo de Pedro Castillo, ha manejado una práctica privada compuesta por narcotraficantes y extraditables defendidos por su estudio, ha escalado rápidamente posiciones en este Gobierno debido a su genuflexa disposición para atender a la presidenta en la persecución política ordenada contra el coronel Colchado y la Diviac.
Particularmente en el caso de Cerrón, el actual ministro del Interior ha restado importancia a una serie de audios que permiten reconstruir la red que sostiene en su guarida al prófugo. Porque es un hecho que hay una red de políticos, autoridades y policías que le brindan ayuda. Para darle información de operativos de búsqueda, para alertarlo en su refugio y darle soporte y garantizarle la impunidad.
Por lo pronto, además de la congresista Kelly Portalatino –con evidencia por los mensajes de contenido personal que se han difundido– también el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, le debe favores. Fue su abogado defensor y fue promovido al cargo actual gracias al acuerdo entre Perú Libre y el fujimorismo. La misma Dina Boluarte ha sido del grupo fundacional de Perú Libre y ha tenido manejos de dinero y cuentas bancarias durante la campaña, en coordinación directa con él.
Se trata de relaciones que bien pueden interferir con la administración de justicia, por el poder que ostentan, y torcer el curso de una investigación o de una captura. Por lo pronto, habla muy mal del Gobierno que Cerrón vaya de predicador en las redes, publicando libros y queriendo fungir de ideólogo, cuando tiene una deuda con la justicia, varios procesos penales y casi 290 días de prófugo. La alianza con el fujimorismo parece ser su salvoconducto, hasta que los 10 votos que le quedan a PL ya no le sirvan a Keiko.
