Amnistía Internacional acusa a Dina Boluarte y altos funcionarios por 51 muertes y 1400 heridos durante las protestas de 2022-2023.
En declaraciones para la prensa, Gustavo Adrianzén y Leslie Urteaga, ministros del gobierno de Dina Boluarte, mostraron su rechazo al informe de Amnistía Internacional, calificándolo de "sesgado" y defendiendo las acciones del Estado frente a las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Tras el informe publicado por la organización Amnistía Internacional, el pasado 18 de julio. La ministra de Cultura se pronunció en contra del documento que sugiere investigar a la presidenta Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes y lesiones durante las protestas. Urteaga señaló que el informe no refleja la realidad y que el gobierno ha estado cooperando plenamente con las autoridades competentes.
"Lo mismo que ha dicho nuestro premier, es un informe sesgado de una ONG. Nosotros estamos trabajando y dando toda la información a las autoridades correspondientes dentro de lo que corresponde a la soberanía del Perú", afirmó Urteaga.
Asimismo, la titular del Ministerio de Cultura, también defendió la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar una denuncia contra la presidenta Boluarte, presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta denuncia estaba relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas.
"Entiendo que han hecho una evaluación objetiva y eso ha sido el resultado de esa evaluación", comentó Urteaga en una conferencia de prensa realizada en la sede central del Ministerio de Cultura en San Borja.
De igual forma, el ministro de Educación, Morgan Quero, también calificó de "sesgado" el informe de Amnistía Internacional que sugiere la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte por las muertes de manifestantes durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
"Nosotros hemos revisado ese documento, pero consideramos que está sesgado y no tiene ninguna relevancia para fines de comprender lo sucedido en Perú", expresó el titular del Minedu.
Por su lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, desestimó el reciente informe de Amnistía Internacional sobre las 'muertes en las protestas', que atribuye responsabilidades a la presidenta Dina Boluarte.
"El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", señaló en conferencia de prensa.
En ese contexto, Adrianzén señaló que el informe presenta un “sesgo político” y condenó la presunta “instrumentalización” de los hechos ocurridos a finales de 2022 y principios de 2023.
"No hace más que ratificar que hay sesgo político, con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde se habló de racismo letal en uno de los apartados. (…) Nosotros no aceptamos que se siga instrumentalizando estos hechos con fines políticos", manifestó Adrianzén.
Por otro lado, con respecto a las posibles sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la 'ley de amnistía' que prescribe los delitos de lesa humanidad. El titular de la PCM, en una conferencia de prensa, minimizó las consecuencias de no acatar la resolución de la Corte IDH, enfatizando la soberanía del Estado peruano.
"La Corte IDH ha dicho que va a declarar al Perú en desacato, seguramente lo podrá hacer ¿Qué más? Nosotros nos defenderemos en las escenas internacionales que correspondan, y haremos valer la soberanía del Estado de derecho en el Perú y no permitiremos violación de esta magnitud por parte de ningún organismo supranacional", afirmó Adrianzén.
Además, el primer ministro destacó que la presidenta Dina Boluarte ha seguido un mandato del Tribunal Constitucional (TC), que ordena el cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado. "La Constitución señala que el presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado. Eso es lo que ha ocurrido", indicó.
Amnistía Internacional publicó el informe titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú". Este documento acusa a la presidenta Dina Boluarte y a otros altos funcionarios de tomar decisiones que resultaron en la muerte de 50 civiles y un policía, además de causar heridas a aproximadamente 1400 personas.
"La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos", declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
