El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, envió un oficio al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, ratificando su firma en la moción de censura contra el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández.
En el documento, el parlamentario pide retirar el OFICIO N° 525–2023–2024-HVP/CR, enviado horas antes, en el cual pedía que no se considere su firma solo para la censura a Morgan Quero.
Sin embargo, como la moción N° 12365 pide censurar a ambos ministros, el congresista considero su decisión ya que ambos caso hay "una conducta lesiva y dolosa contra las niñas nativas violadas sexualmente en la Provincia de Condorcanqui Región de Amazonas".
"(...) Es, es menester que las dos censuras (Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables) corran la misma suerte; razón por la que, retiro el OFICIO N° 525–2023–2024-HVP/CR y me ratifico con mi firma en la CENSURA a los dos Ministros: Educación y Mujer y Poblaciones Vulnerables", se lee en el documento.
Minutos antes de las 7.00 p.m. Canal N informó que el congresista Valer retiró su firma contra el ministro de Educación, por lo que la censura ya no tenía las 33 firmas necesarias para continuar.
En declaraciones para este medio, el parlamentario dijo que su decisión respondía a que el ministro Quero ya había comenzado con algunas acciones para contrarrestar la problemática del abuso sexual a escolares en amazonas.
Antes de Valer, el congresista Samuel Coayla Juarez, ya había pedido retirar su firma de esta censura.
El pasado martes 16, congresistas de distintas bancadas presentaron una moción de censura contra los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández, debido a los casos de abusos sexuales en las comunidades de Awajún y Wampis. Si esta moción es aprobada en el Pleno, podría resultar en la destitución del quinto titular del Ministerio de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que evidencia la inestabilidad que ha marcado a esta cartera.
La moción de censura se basa en que ambos miembros del Gabinete Adrianzén habrían incurrido en discriminación contra los afectados y no asistieron a las citaciones del Congreso de la República para responder sobre el tema de manera oportuna. La recolección de firmas necesarias para presentar el documento tomó dos semanas, lo que genera dudas sobre si hay suficientes consensos para que sea aprobada en el Pleno.
