Después de que el Poder Judicial ampliara de 14 a 18 meses el periodo de prisión preventiva contra Pedro Castillo, su defensa legal informó que presentará un nuevo pedido para solicitar el cese de dicha medida. Walter Ayala, abogado del exmandatario, expresó para RPP que la ampliación no les genera preocupación porque la próxima semana presentarán nuevos documentos ante la instancia judicial que contrastarían la medida.
“Esto no nos preocupa porque vamos a presentar en la próxima semana un nuevo pedido de cese de prisión preventiva. Pero en esta oportunidad vamos a juntar tres documentos”, expresó Ayala, donde detalló que el primer documento será el emitido por la Embajada de México, en donde se señala que el expresidente Castillo nunca pidió asilo político. "Por otro lado, también tenemos el documento emitido por el jefe de la UGEL de Chota, donde indica que el presidente Pedro Castillo tiene una plaza como profesor permanente", agregó.
Por su parte, el abogado de Castillo Terrones adelantó también en RPP que presentará un certificado domiciliario de la localidad donde el presidente Pedro Castillo va a vivir. “Con estos documentos queda desbaratado el peligro de fuga”, acotó Ayala. El Poder Judicial justificó la decisión de extender la prisión preventiva porque consideraron existente un riesgo de fuga ante la complejidad del proceso judicial y la necesidad de garantizar que el mismo se lleve a cabo de manera adecuada y en un plazo razonable.
El último jueves 18 de julio, el Poder Judicial decidió ampliar a 4 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Esta medida fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la cual consideró fundado el requerimiento de la Fiscalía y revocó la resolución inicial que establecía 14 meses de prisión preventiva, aumentando ahora a 18 meses en total.
Ante la medida anteriormente dictada por 14 meses, Walter Ayala ya había interpuesto un recurso de apelación solicitando la anulación de la decisión judicial, argumentando que se incluyeron hechos no planteados originalmente por la Fiscalía Suprema encargada del caso. Y el 10 de julio, el Poder Judicial ratificó su rechazo a la solicitud del expresidente Castillo y su defensa, con la que buscaban la exclusión del acta de intervención policial del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que fue detenido luego de un intento de golpe de Estado. Alegando que el acta de intervención había vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa procesal.
