Los congresistas Magaly Ruiz, David Jiménez y Rosselli Amuruz son acusados de presuntos delitos como tráfico de influencias, peculado doloso y contrataciones irregulares por parte del Ministerio Público.
Este viernes 19 de julio, la Fiscalía de la Nación anunció que presentó denuncias constitucionales contra los congresistas Magaly Ruiz, David Jiménez y Rosselli Amuruz, acusándolos de diversos delitos que incluyen tráfico de influencias, peculado doloso y contrataciones irregulares. Los parlamentarios enfrentan serias imputaciones que podrían tener consecuencias significativas a pocos días de iniciar el próximo periodo legislativo 2024-2025.
La congresista Magaly Ruiz, de la bancada Alianza para el Progreso, ha sido acusada de ser presunta autora de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Según la denuncia presentada por la Fiscalía, "Los hechos están referidos a la presunta instigación al fiscal provincial Richard Rojas Gómez para que interceda ante el personal fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que estaba a cargo de la investigación a dicha parlamentaria por el recorte de sueldos al personal de su despacho congresal (caso 'mochasueldo')", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Respecto al presunto delito de concusión, la indagación se centra en la legisladora Ruiz Rodríguez por el interés indebido en la contratación de Alex Rojas Gómez, hermano del fiscal mencionado anteriormente, como personal de su despacho congresal. Por otro lado, con relación al presunto delito de colusión agravada, la investigación se enfoca en la contratación por parte de Ruiz de Camila Melissa Mantilla Heredia, quien mantenía una relación sentimental con el hijo de la congresista, Jeffrey Marrufo. La contratación de Mantilla se llevó a cabo desde febrero de 2022 hasta marzo de 2023, a pesar de que se detectaron datos falsos en su currículum vitae.
Por otro lado, el congresista David Jiménez, miembro de la bancada de Fuerza Popular, es acusado de ser el presunto autor del delito de peculado doloso por utilización en agravio del Estado. Según la información publicada por el Ministerio Público, el legislador habría empleado los servicios de Ángela Guadalupe Noblejas Pomazongo, quien trabajaba en el despacho del congresista, pero en realidad desarrollaba sus funciones en el Instituto Superior Tecnológico Privado Franklin Roosevelt, institución que pertenece al propio parlamentario.
La investigación se inició luego que el programa 'Contracorriente' de Willax mostró imágenes donde se dejaba ver a Ángela Noblejas Pomazongo ingresar a dicho instituto en horario de oficina cuando debía encontrarse en el Congreso. Ante ello, la Procuraduría General del Estado pidió en setiembre del año pasado a la Fiscalía empezar diligencias preliminares contra el congresista, luego que en el dominical también se realizara una llamada a la institución educativa, simulando ser una estudiante consultando sobre los trámites de pago, y la llamada fue atendida por la trabajadora del congresista Jiménez.
Finalmente, la congresista Rosselli Amuruz es acusada de ser presunta instigadora del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia sugiere que la Tercera Vicepresidenta del Parlamento habría intervenido en la contratación de Alejandra García Oviedo y dos personas más en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República.
La investigación inició en noviembre del 2023 cuando, a raíz de una investigación periodística, se alertó sobre la gestión de contratación de personas cercanas al exlegislador Paúl García por parte de la congresista de Avanza País. Se descubrió que la hermana de García Oviedo desempeñaba funciones en el Área de Calidad Legislativa del Congreso. Por otro lado, Erick Alexander Enrique Tirado y Angie Gómez Acosta trabajaban como auxiliar y técnico, respectivamente, en la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
Los tres casos mencionados serán trasladados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinarán los siguientes pasos a seguir.
