Ayer, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”. Este análisis del estallido social del 2022 es contundente en evidencia y claro en sus conclusiones. Quizás lo más bárbaro de ellas es que las consecuencias letales que vivimos pudieron haberse evitado. Hubo una serie de decisiones y de omisiones que no permitieron resguardar ni salvar las vidas que perdimos
Lamentablemente, se incurrió en el uso de la fuerza “excesivo, desproporcionado” y “muchas veces innecesario”. Pese a múltiples advertencias y condenas de parte de organismos internacionales, dentro del país, las autoridades optaron por no detener las prácticas que estaban ya causando muertes de civiles. Además, desde lo más alto del poder, Boluarte y sus ministros han refrendado y felicitado el accionar abusivo de los responsables de la pérdida de vidas humanas, que incluye el homicidio de menores de edad.
Por un lado, el informe precisa que de acuerdo con el Estatuto de Roma, los superiores civiles y militares pueden ser responsables de delitos equivalentes a crímenes internacionales cometidos por sus subordinados por no impedir la comisión de los delitos o no llevar ante la justicia a sus subordinados.
Más allá de los documentos, y planes operativos específicos, desde el lenguaje estatal y la comunicación gubernamental, en lugar de apelar a una comunicación que disminuyera la presión, no solo entre la ciudadanía inflamada, sino también como un mensaje hacia las fuerzas militares y policiales.
Mientras escribo estas líneas, desde el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que recomienda denunciar a Dina Boluarte por el caso Rolex, aunque rechazó hace unos meses la denuncia constitucional por las masacres a las que nos referimos en este espacio. En este marco nos acercamos a unas fiestas patrias con anuncio de movilizaciones, y a la espera de la definición de una nueva Mesa Directiva congresal.
