Organizaciones agropecuarias, de trabajadores y ciudadanos de distintos puntos del valle del Tambo, en Arequipa, comenzaron este jueves un ‘paro seco’ de 48 horas en contra del reinicio de operaciones del proyecto minero Tía María (Southern), el cual aseguran no goza de licencia social.
Desde muy temprano, se registraron bloqueos de carretera en la región sureña, además del cierre de distintos negocios y locales comerciales. La rápida acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) contrarrestó mayores enfrentamientos.
Pero las movilización podría escalar en las próximas semanas. Durante la presentación en Lima del 34° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el dirigente del valle del Tambo, Miguel Meza, declaró para La República que no existe negociación posible con la empresa o el Poder Ejecutivo, luego de que se resolviera retomar “unilateralmente” la mina de US$1.400 millones.
“Esperamos que el ministro [Rómulo Mucho] se pronuncie. Este Gobierno tiene un compromiso con el valle del Tambo, no solo la presidenta Dina Boluarte quien, en campaña, dijo que ‘Tía María no va’. La paralización aun se está dando de manera pacífica”, relató Meza.
Desde Arequipa, el gobernador Rohel Sánchez no descartó que se pueda declarar la emergencia sanitaria por metales pesados a partir del 24 de julio, como parte de un pliego de seis acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Sin embargo, señaló que la contaminación del Tambo viene de aguas arriba, donde reside la relavera de Aruntani (Moquegua). Se tomarán muestras a los pobladores de Islay.
“Esto nos preocupa enormemente porque se ha identificado presencia de mercurio, arsénico, oro, boro; esos temas deben ser solucionados. En la región de Arequipa no hay una operación minera que contamine el río Tambo”, dijo Sánchez.
Así como Tía María, los lugareños también protestan por la operación de La Tapada, mina contigua de oro y cobre.
Cabe precisar que el unico afluente para los 60.000 ciudadanos en los 6 distritos de la provincia de Islay es el Tambo, que abastece la agricultura y ganadería locales, además de actividades económicas secundarias, como la pesca de camarón.
Precisamente, el informe del grupo CooperAcción denuncia la implementación desde el Ejecutivo de un paquete de dispositivos legales que “reduce la valla ambiental”, con el objetivo de destrabar la cartera minera de más de US$54.500 millones. El investig
ador José de Echave explicó que el primero de ellos está en marcha desde mayo pasado: se trata del DS N° 004-2024-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y agiliza las “aprobaciones automáticas” de permisos con participación ciudadana limitada, entre otros aspectos.
Peligra también la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 126-2024-MINAM, que busca quitar al Senace la competencia de definir cuáles serían los proyectos de inversión priorizados para utilizar el llamado “esquema de articulación”.
Finalmente, podría pronto anunciarse la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM, que modifica el Reglamento de Cierre de Minas del DS N° 033- 2005-EM para volver a poner en vigencia la posibilidad de presentar los Planes Ambientales Detallados (PAD), figura creada en 2019 para adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la certificación ambiental.
