El organismo internacional determinó que la presidenta tenía conocimiento de las acciones de represión en las manifestaciones y podría llegar a tener responsabilidades penales.
Amnistía Internacional confirmó que Dina Boluarte mintió al decir que no tuvo contacto directo con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA) durante las protestas de diciembre del 2022, en el que 50 civiles, incluidos menores de edad, fueron asesinados por efectivos de ambas instituciones castrenses.
"La presidenta de la República declaró, bajo juramentó, ante fiscales y dijo que "de ninguna manera la Presidencia tiene contacto con los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas", no obstante, la evidencia y la verdad dicen todo lo contrario", dijo la investigadora de Amnistía Internacional, Madeleine Penman durante una conferencia de prensa este 18 de julio, fecha de publicación del informe ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú.
El organismo internacional comprobó que, tan solo en en el mes de diciembre del 2022, la jefa de Estado se reunió hasta en nueve oportunidades con jefes militares y policiales. Las fechas fueron: 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18 , 19 y 20 de ese mes.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación de Amnistía, la dignataria se reunió varias veces con los comandantes de las FF.AA y PNP durante las tres meses en los que acontecieron las manifestaciones. Por lo tanto, tuvo "múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como "terroristas" y "criminales," sin brindar pruebas de ello", indicaron.
Asimismo, el documento indica que ascendió a funcionarios clave a puesto de mayor relevancia.
De la misma forma, los ministros tampoco tomaron acciones para frenar la violencia policial contra los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.
"El Ministerio del Interior respondió a una solicitud de acceso a información pública de Amnistía Internacional en la cual confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria contra el general a cargo de las operaciones policiales durante las protestas sociales. La organización también obtuvo las cartas enviadas por el ministro del Interior al Comandante General de la PNP sobre las protestas de enero de 2023, en las que no hizo mención alguna de las 18 personas asesinadas en Juliaca durante operativos policiales", señaló Amnistía.
Al respecto, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, dijo: "Perú no puede permitir que estas graves violaciones de derechos humanos queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos o están gravemente heridas deben enfrentar la justicia, sin importar su alto rango".
