La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó quiénes serán los delegados de elaborar los informes de dos denuncias constitucionales contra el titular del JNE. Los elegidos fueron Arturo Alegría, de Fuerza Popular, y José Cueto, de Honor y Democracia, dos parlamentarios que han pedido públicamente la renuncia del magistrado.
El fujimorismo y sus aliados han dado otro paso para avanzar con su plan de inhabilitar de la función pública al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.
Este jueves, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP), delegó la elaboración de los informes finales de dos denuncias constitucionales contra el magistrado a sus colegas Arturo Alegría, de Fuerza Popular (FP), y José Cueto, de Honor y Democracia.
Ambos tendrán 15 días hábiles para presentar sus informes con los que podrán recomendar sobre qué presuntos delitos acusar al presidente del JNE y determinar si hubo infracciones constitucionales para someterlo a un juicio político y, de considerarlo así, plantear inhabilitarlo de la función pública.
El fujimorista Arturo Alegría tendrá en sus manos elaborar el dictamen de la denuncia constitucional 352 que presentó el año pasado su colega de Avanza País, Rosselli Amuruz, contra Salas Arenas por la presunta contratación irregular del politólogo Fernando Tuesta y la designación del abogado Vicente Sánchez Villanueva como accesitario del exmagistrado Jorge Rodríguez Vélez.
Mientras que el parlamentario José Cueto estará a cargo de la denuncia constitucional 469 formulada en marzo de este año por el fiscal de la Nación, Juan Villena, contra el magistrado por presunto tráfico de influencias cuando ejercía de juez supremo al haber supuestamente recomendado a su extrabajador Pavel Vladimir Cárdenas en la Corte Superior de Justicia del Callao.
Este caso parte de una imputación del exjuez Walter Ríos, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esta investigación llegó a ser analizada en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a que Salas Arenas es también juez supremo con licencia. Sin embargo, quedó en el archivo. El presidente del JNE alegó que esa acusación era una represalia debido a que cuando presidió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema amplió a 36 meses la prisión preventiva en contra de Ríos Montalvo.
Fuentes del Congreso informan que el apuro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en delegar a estos parlamentarios estas denuncias constitucionales, se debe a que el fujimorismo y sus aliados temen que Salas Arenas pueda continuar como presidente del JNE. Esa preocupación creció luego que la JNJ ratificó a los jefes de la ONPE, Piero Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde.
El dilema es que la presentación de las conclusiones en las dos denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, serán elaborados por dos congresistas, como Arturo Alegría y José Cueto, quienes públicamente le han pedido al magistrado dar un paso al costado.
El 15 de diciembre del 2022, en una sesión del Pleno, el fujimorista Alegría declaró sobre las autoridades electorales. "Ningún funcionario es imprescindible. En el Congreso ya iniciamos el debate para el adelanto de elecciones. Quienes dirigen el proceso electoral deberían también estar dispuestos a renunciar", expresó.
El 22 de marzo de este año, el congresista de Fuerza Popular exigió que se acelere una denuncia constitucional contra el presidente del JNE debido a la inscripción del partido político de Antauro Humala. "Sí debe dar explicaciones de por qué un partido que claramente tiene a un líder asesino de policías tenga la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Se debe dar celeridad para poder entender y que los peruanos sepamos el tema", manifestó a Expreso.
A eso se suma que el legislador Alegría es coautor de un proyecto de ley que busca modificar el artículo 99 de la Constitución para someter a las autoridades electorales a un juicio político. Actualmente está prohibido acusar al presidente del JNE, pero la denuncia de Amuruz ha prosperado debido a que la SAC interpreta que se puede procesar al magistrado en su calidad de juez supremo en licencia.
El 23 de febrero de este año explicó en un canal local que se opone a la vacancia de Dina Boluarte debido a que las nuevas elecciones estarán dirigidas por las actuales autoridades electorales. "Acuérdate que acá en el Perú todavía no podemos sacar al señor Salas Arenas, a la Junta Nacional de Justicia, ni al señor de la Reniec. No, o sea, si se logra la vacancia, estas personas se van a encargar de todo el proceso electoral. Quieren terminar de joder el Perú. Eso es lo que quiere. Yo no acepto eso", sostuvo.
El 3 de julio, tras un reportaje de Punto Final sobre la declaración del exasesor castillista Salatiel Marrufo, quien aseguró que hubo coordinaciones entre Dina Boluarte, Perú Libre, y el JNE para favorecer la victoria de Pedro Castillo en los comicios 2021, el congresista José Cueto declaró: "Siempre pensé que hubo fraude en las elecciones".
El mandato del presidente del JNE termina en noviembre. Los informes finales de las dos denuncias constitucionales en cuestión, podrían presentarse y deliberarse antes de ello en el Parlamento. De aprobarse en la Subcomisión, pasa a discutirse en la Comisión Permanente y luego en el Pleno. Una eventual inhabilitación lo dejaría fuera del cargo de juez supremo y magistrado electoral.
A eso apuntarían en el Congreso.
